La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que por solicitud del Ministerio Público (MP), fueron exhumados los cuerpos de las cuatro personas fallecidas el 22 de noviembre, en la reserva forestal de San Camilo en el Alto Apure, hecho en el que otras tres resultaron heridas.
La información fue suministrada por Ortega Díaz, luego de la inauguración de la Unidad Antiextorsión y Secuestro del MP y de la puesta en funcionamiento de la Fiscalía 46° nacional con competencia exclusiva en esta materia.
En conversación con los representantes de los medios de comunicación social, la Fiscal General indicó que una vez que la jurisdicción militar declinó la competencia y correspondió al MP asumir la investigación del caso de los fallecidos y de las personas heridas en el hecho, se comisionó a los fiscales 24° y 26° con competencia nacional, Didier Rojas y José Miguel Medina, respectivamente.
De esta manera, entre los días lunes 5 y martes 6 de diciembre fueron exhumados los cadáveres de Javier de Jesús Guerrero, Juan Carlos Garrido Farías, Javier Omar Garrido y Edinson Javier López Rivas.
Tal solicitud fue realizada por los fiscales comisionados ante el Tribunal 1° de Control con sede en Guasdualito, instancia que la acordó en su debida oportunidad.
Díaz puntualizó que tal actuación judicial fue practicada por expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales.
Por este hecho se encuentran privados de libertad, por orden del Tribunal 14° de Control Militar con sede en Guasdualito, Belkis Marilyn Pérez Yánez, Rubén Antonio Cordero Torrealba, Anderson Alfonso Castellanos, Ángel María Ferrer y el colombiano Néstor Villafañe.
La presentación fue realizada por un representante de la Fiscalía Militar el pasado 23 de noviembre ante la jurisdicción castrense, imputándose a los detenidos la presunta comisión del delito de rebelión y decretándose la privativa de libertad y su reclusión en el Internado Judicial de Santa Ana, en el estado Táchira.
Adicionalmente, la Fiscal General dijo que se han recabado elementos de interés criminalístico en la inspección realizada en el sitio del suceso, evidencias que fueron trasladadas a Caracas para que los expertos del MP hagan las experticias necesarias para continuar la investigación y el esclarecimiento del hecho.
Manifestó la alta funcionaria de Estado que una de las razones por las cuales se declina la competencia, es por que tales hechos corresponden a la jurisdicción ordinaria.
Paralelamente, se le preguntó por la exigencia de Walid Makled de que se le designe un juez para proseguir su juicio, a lo que la Fiscal General indicó que garantizando el debido proceso, los fiscales principales y auxiliares han solicitado por escrito se resuelva de una vez la situación jurídica del tribunal asignado o que se remitan las actuaciones a otra instancia, para que se constituya el tribunal y prosiga el proceso.
Respecto al caso de la ex jueza 31° de control, María Lourdes Afiuni, explicó que efectivamente el MP solicitó ante el Tribunal de Juicio la prórroga que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) referido a la mantención de la medida privativa de libertad.
Recordó que de acuerdo con el COPP se tiene dos años para que se produzca una sentencia en el caso de que una persona está privada de libertad, y si en ese tiempo no se hace, el MP tiene la facultad de solicitar una prórroga.
“Pero esa prórroga debe estar fundamentada en hechos que demuestren que se ha tardado más de dos años y no por causas imputables al Ministerio Público, sino por causas atribuibles al imputado o a su defensa”, tal es la situación del presente caso en el que las audiencias no se han podido realizar por causas de la acusada o sus representantes legales, precisó Ortega Díaz.