La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, y el eurodiputado Javier Couso, exigieron este lunes al jefe de la delegación de la UE en Honduras, Ketil Karlsen, medidas para proteger al mexicano Gustavo Castro.
Castro, secretario general de la organización Otros Mundos Chiapas es el único testigo del asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, y está retenido desde el pasado fin de semana en Honduras.
Albiol y Couso solicitaron también a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, que presione al gobierno hondureño para que se lleve a cabo una investigación independiente del asesinato de Cáceres.
En su carta a Karlsen, Albiol y Couso explican que Cáceres se encontraba amenazada por su activismo y que «tan sólo una semana antes, tras el asesinato de varios dirigentes de su comunidad, alertó a las autoridades del peligro que corría su vida y la del resto de defensoras de derechos humanos y líderes indígenas».
Cáceres, continúan, «lideraba actualmente la lucha contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque, desarrollado por la Empresa DESA y que, a pesar de que Honduras ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, se está llevando a cabo sin el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado de la comunidad lenca».
Por otro lado, en una pregunta parlamentaria a Mogherini, ambos denuncian que desde el golpe de estado contra Rafael Zelaya en 2009, «las violaciones de derechos humanos y el clima de impunidad y falta de justicia se acrecienta con el silencio cómplice de una UE» que «mira hacia otro lado» si se trata de gobiernos aliados con sus intereses económicos y de Estados Unidos.
En el texto, exhortan a Mogherini a que empuje a Honduras a llevar a cabo una investigación independiente y a exigir a su Gobierno «un programa ambicioso y efectivo» con medidas de protección para los activistas y líderes indígenas amenazados.
Asimismo, preguntan a la Alta Representante por las medidas que ha puesto en marcha la delegación de la UE en Honduras para «implementar las directrices sobre defensores de derechos humanos y vigilar las actividades de las transnacionales europeas».
Por último, preguntan sobre la posibilidad de iniciar «un nuevo programa PASS», centrado en la protección de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas para «acabar con la impunidad reinante».