Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos instaron este lunes al gobierno estadounidense a cerrar la prisión de Guantánamo, como único camino para poner fin a la impunidad y las violaciones allí imperantes.
Estados Unidos debe pasar la página de este oscuro capítulo de prácticas en respuesta al terrorismo, que siguió a los ataques del 11 de septiembre de 2001, advirtieron en una carta abierta conjunta con homólogos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Al cumplirse 14 años de la entrada en funcionamiento de la cárcel ubicada en territorio del oriente cubano ocupado ilegalmente por el país norteño, los expertos reclamaron la rendición de cuentas de los responsables de ordenar esas violaciones de los derechos humanos y las leyes humanitarias, incluyendo al más alto nivel de autoridad.
«Deben responder quienes ordenaron o ejecutaron las detenciones secretas, los arrestos arbitrarios de civiles y las llamadas técnicas mejoradas para interrogatorios, en nombre del combate al terrorismo», precisaron.
El texto fue firmado por los relatores especiales de la ONU Juan Méndez (para la tortura), Ben Emmerson (el respeto a los derechos humanos durante la lucha anti-terrorista), Mónica Pinto (la independencia del sistema judicial) y el jefe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Seong-Phil Hong.
Por la OSCE, suscribió la iniciativa el director de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, Michael Georg Link.
Los especialistas lamentaron que casi un centenar de personas sigan en la prisión de Guantánamo después de años de arresto arbitrario sin juicio, «fuera del Estado de Derecho y del alcance de las cortes regulares norteamericanas».
Todo esto, pese a la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, de enero de 2009, de liberarlos o transferirlos y cerrar la instalación en el plazo de un año, señalaron.
Para los relatores especiales de la ONU y el representante de la OSCE, los encerrados en Guantánamo son seres humanos olvidados.
Urge acabar esta prolongada situación, enviarlos a sus países de origen o a una tercera nación, o remitirlos a suelo estadounidense para que puedan ser procesados en cortes ordinarias, subrayaron.