Familiares de algunos detenidos en la Operación Liberación del Pueblo que se realizó el pasado lunes en la Cota 905 acudieron al Ministerio Público (MP) para pedir que se inicie una investigación sobre la actuación de los cuerpos de seguridad, por cuanto consideran que presuntamente se violaron derechos humanos.
Las ciudadanas y los ciudadanos estuvieron acompañados por la organización no gubernamental Provea.
Inti Rodríguez, coordinador de investigación de este organismo, indicó que los familiares denunciaron que podría haber un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y presuntas ejecuciones.
Rodríguez informó que el jueves un grupo de 12 personas de la Cota 905 acudieron a Provea. Estos ciudadanos y ciudadanas visitaron previamente a la Defensoría del Pueblo para llevar las denuncias.
Dijo que Provea documentó todos los casos y ayer los acompañó al MP “para que la dirección de derechos fundamentales atienda a los ciudadanos e inicie las investigaciones correspondientes”.
ANÁLISIS
En opinión de Rodríguez, estas supuestas actuaciones “contradicen todos los avances del año 2006, a propósito del proceso de reforma policial” cuando se hablaba “de que el uso excesivo de la fuerza y la práctica constante de operativos, como el practicado el pasado lunes, propiciaban la violación masiva de los derechos humanos y las ejecuciones policiales”.
Manifestó que las presuntas irregularidades no están a tono con lo planteado en el plan de derechos humanos que fue presentado esta semana por el Gobierno, en el cual “se señala que los sectores más empobrecidos del país son victimizados por partida doble, porque son las principales víctimas de la delincuencia, pero también son las principales víctimas de operativos como el practicado el pasado lunes”.
Según su análisis, la operación realizada en la Cota 905 “está dirigida, más que a reducir los índices de criminalidad, a criminalizar la pobreza”.
Contó que los habitantes de la Cota 905 “señalan que las detenciones arbitrarias superaron las 300 personas, contradiciendo las cifras oficiales que hablan de 134 personas”.
Dijo que apenas 19 personas quedaron detenidas “lo que quiere decir que el resto no tenía orden de captura, ni antecedentes penales ni ninguna razón para haber sido detenidas”.
Además, al parecer algunos menores de edad fueron detenidos y recibieron golpizas.
VISIÓN MILITARIZADA
El coordinador de Provea recordó que cuando se reformó el Código Orgánico Procesal Penal en 1998 se dejaron establecidas las causales para la privativa de libertad, con lo cual “se superó esa práctica recurrente de los cuerpos policiales de detener de forma arbitraria y averiguar después”.
Según Rodríguez, “se está imponiendo una visión militarizada, una visión que criminaliza a sectores de la sociedad”.
El activista de derechos humanos reconoció que la inseguridad “afecta a todos los venezolanos, que el Estado está en la obligación de generar el más amplio consenso y políticas para reducir la criminalidad, pero deben estar apegadas a lo que dicta la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos”.
Lamentó que el Gobierno pretenda desarrollar la Operación Liberación del Pueblo en otras zonas del país, “con lo que se abre la puerta para legitimar las ejecuciones policiales, a legitimar el uso excesivo de la fuerza y a retroceder a situaciones ya superadas, como las famosas razzias de la Policía Metropolitana que dejaron un lamentable saldo de violación de derechos humanos”.
TESTIMONIOS
Andrea Guerra contó que su tío Luis Fernando Paternina, de 35 años, fue detenido el lunes a las 7:00 am.
Es colombiano y desde hace 15 años vive en Venezuela.
Indicó que Paternina trabajaba como cocinero en un restaurante, pero no especificó el nombre del establecimiento ni la ubicación del mismo: “Quiero que se haga justicia y que suelten a mi tío”.
En la zona “sí hay malandros, pero no están allí esperando que la policía llegue a buscarlos”. Señaló que Paternina está recluido en la subdelegación del Cicpc de Quinta Crespo por los presuntos delitos de secuestro, extorsión y robo de vehículos.
Al Ministerio Público también acudió José Vegas: “Los policías no consiguieron a la gente que estaban buscando”.
Relató que los funcionarios entraron de manera violenta a su casa, aunque no lo detuvieron: “Me tiraron al piso, me pusieron un arma en la mano. Me agredieron y me amenazaron. Me pusieron un arma en la cabeza”.
Vegas se definió como una persona “sana” y dijo que se gana la vida como obrero.