El 27 de febrero de 1989 Fidel Orlando Romero tenía 24 años. Era reservista y fanático de los Leones del Caracas. En ese momento trabajaba como albañil.
Hace 24 años Maritza Romero y su hermano Fidel Orlando decidieron no salir a sus respectivos trabajos por los rumores que circulaban en la calle sobre disturbios en la ciudad. En ese momento residían en la calle principal de Los Guayabitos, en Baruta, estado Miranda.
“Estábamos todos en la casa y decían que no estaba pasando nada. Ese 27 de febrero estábamos en la casa”, contó.
Alrededor de las 6:00 pm Fidel Orlando subió hasta la avenida Los Guayabitos para llamar por teléfono a su trabajo y notificar que al día siguiente no laboraría. Esa fue la última vez que estuvo con su familia.
Una hora después los vecinos les avisaron que una persona estaba herida en la carretera y al llegar al lugar encontraron a Fidel Orlando en el pavimento con un tiro de FAL en el estómago.
“Pasaban yises con metropolitanos y guardias, pero decían que no cargaban heridos. Como pudimos los llevamos al Hospital Pérez de León. Allí le hicieron una operación que duró nueve horas”.
Al día siguiente, murió a las 11:00 am: “Nos dijeron que lo llevarían a la morgue de Bello Monte para hacerle la autopsia.
Cuando llegaron a la medicatura forense les indicaron que el cadáver no había ingresado. Los familiares regresaron al día siguiente: “Mi hermano como pudo entró a la morgue y contó que habían pilas de cadáveres. Él rescató el cadáver de mi hermano, lo colocó en la mesa para que le hicieran la autopsia, pero eran las seis de la tarde, había toque de queda y nos mandaron para la casa. Esa noche fue la más larga de nuestra historia. En la mañana cuando nos fuimos a la medicatura nos dimos cuenta que allí no habían cadáveres. Me hermano preguntó y le dijeron que la noche anterior lo habían enterrado, por órdenes superiores”.
Relató que en la entrada de la morgue otras personas buscaban los cuerpos de sus seres queridos. En el lugar un grupo de profesionales, como la abogada Liliana Ortega y miembros de Provea y de la Red de Apoyo, les indicaron que en un sector del Cementerio General del Sur los uncionarios de Defensa Civil habían enterrado varios cadáveres en bolsas plásticas: “Nos fuimos para allá y vimos la tierra removida. Empezamos una lucha con Cofavic para demostrar al Estado que si había fosas comunes en La Peste”.
Relató que en el gobierno de Carlos Andrés Pérez los familiares lograron que vinieran peritos internacionales “y se abrieron las fosas comunes de La Peste”.
Dijo que su mamá se encadenó a las puertas del Palacio de Miraflores para denunciar lo que sucedía y llamar la atención del país sobre la existencia de La Peste: “Según el gobierno aquí no habían desaparecidos. Pero logramos demostrar que sí habían desaparecidos y vinieron peritos internacionales y abrieron las fosas comunes”.
Romero indicó que durante dos años los familiares se mantuvieron alertas. En un principio colocaron una carpa cerca de La Peste para resguardar el lugar, y posteriormente construyeron una caseta: “Mucha gente nos apoyó. Hacíamos guardias para custodiar los huesos que habíamos rescatado. Los cuerpos que no se identificaron los colocaron en nichos” para que las autoridades continuaran con el proceso de reconocimiento.
En el proceso de exhumación de cadáveres se logró identificar a tres cuerpos, pero su hermano nunca apareció.
Lamentablemente, el proceso de paralizó: “Luego de 26 años yo no sé dónde está cadáver de mi hermano. Existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado venezolano asumió. Nos dieron las indemnizaciones, pero fue lo único con lo que cumplió y con la publicación de los nombres de las personas” fallecidas y desaparecidas.
“Durante 26 años hemos estado luchando porque se sepa qué fue lo que pasó realmente el 27 de febrero de 1989. Quisiera que me entregaran el cadáver de mi hermano, pero yo lo veo difícil porque cada gobierno que ha venido ha sido peor. Anteriormente podíamos trabajar directamente con la Fiscalía, pero hoy día es imposible”, lamentó.
Agregó: “Para la Defensoría del Pueblo y para la Fiscalía, Cofavic prácticamente no existe porque ellos hacen sus cosas políticas y no nos toman en cuenta, a pesar que nosotros tenemos 26 años como organización de derechos humanos, y tenemos a las víctimas aquí”.
Pidió que se reanuden las exhumaciones en las fosas comunes de La Peste.
SALIÓ A JUGAR BALONCESTO Y NO REGRESO
Aura Liscano relató que su hermano José Miguel tenía 21 años cuando desapareció el 28 de febrero de 1989.
A las 5:30 pm de ese día salió de su casa, ubicada en el barrio Villa Zoila de la Cota 905, para ir a la cancha a jugar baloncesti. La zona estaba tomada por los militares.
Los vecinos le contaron que luego fue a jugar dominó. Pero a las 9:00 pm sus familiares se preocuparon porque no había regresado.
Por el toque de queda tuvieron que esperar hasta la mañana siguiente para buscarlo. Se dividieron en grupos y por dos semanas lo buscaron en los hospitales, las morgues, los destacamentos de la Guardia Nacional, Policía Metropolitana y la Disip.
En esos lugares no se registraban los ingresos de personas o cadáveres.
En la búsqueda se toparon con familiares de las víctimas y con el tiempo conformaron Cofavic.
Subrayó “que todos los casos que lleva Cofavic están en etapa inicial. No se nos ha dado ninguna respuesta”.
Refirió que en noviembre de 1990 cuando se iniciaron las exhumaciones en La Peste del Cementerio General del Sur, “se sacaron 68 cuerpos, y tres se identificaron”.
Los otros 65 cadáveres se colocaron en nichos.
Comentó que en últimas actuaciones de la Fiscalía, Cofavic no ha sido convocada.
Su hermano prestó servicio militar en la Policía Naval: “Le gustaba mucho el deporte. Era muy caritativo y formó un equipo de fútbol y básquet con los niños. Estudió contabilidad y trabajaba como archivista en una compañía en Bello Monte”.
LAURA ROLDÁN: OJALÁ NUNCA VUELVA A REPETIRSE
Laura Roldán, coordinadora general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, declaró que el estallido social que ocurrió el 27 de febrero de 1989 nunca más debería repetirse en el país.
“Fue una situación que Dios quiera ojalá nunca vuelva a repetirse. Fue una situación de mucha impunidad, de pérdida de muchos valores. Y la gente más humilde, como siempre, tuvo que asumir las medidas económicas”, declaró.
Manifestó que el estallido social de 1989 “significó una gran lección sobre el tema de la defensa y la promoción de los derechos humanos”.
Roldán consideró “que para cualquier país los derechos humanos es un tema frágil que los Estados deben tratar con mucha delicadeza, y no involucrar la defensa y la promoción de los derechos humanos en el tema político”.
Refirió que el gobierno de turno para aquel entonces sacó a los cuerpos policiales y a los militares de la calle para mantener el orden, lo que tuvo un alto costo por la gran cantidad de muertos y desaparecidos.
Apuntó que en aquel momento las investigaciones quedaron en manos de instituciones “complacientes y negligentes a la hora de establecer responsabilidades porque tocaban a personajes de cargos muy importantes”.
Subrayó que el Ministerio Público “no estaba acorde con las exigencias” y muchas denuncias “no fueron tomadas”.
Según Roldán, “los funcionarios no entendieron la magnitud de lo que se estaba viviendo”, mientras que los ciudadanos muy humildes fueron discriminados y humillados en los procesos de investigación.
Recordó que la Red de Apoyo, junto a personas que posteriormente conformaron Cofavic, hizo un trabajo de campo casa por casa “para saber lo que había pasado: “El Ministerio Público no se tomaba esas molestias”.
En ese momento, lograron registrar a más mil personas desaparecidas y fallecidas solo en el Área Metropolitana de Caracas.
Para Roldán, el Caracazo fue la expresión “de una población pobre, con poco dinero”.
De esa situación tan dolorosa, la activista considera que dejó enseñanzas: “Las instituciones tienen que dar respuesta oportuna. No puede haber tanta negligencia y flojera por parte de los funcionarios y una mala atención a las víctimas de abuso policial”.