Efectivos de la 51 Brigada de Infantería de Selva del Ejército Nacional Bolivariano (ENB) desalojaron un asentamiento minero ilegal que desde hacía varias semanas se había establecido en zonas protegidas aledañas al río Cicapra, en el municipio Roscio, al sur del estado Bolívar.
El comandante de esta unidad, general de brigada Pedro Quiaro Jiménez, dio los detalles de este desalojo al término de una operación de dos días de duración en la que fueron desalojados 371 hombres, 87 mujeres y 44 infantes que se encontraban en este asentamiento.
El general Quiaro Jiménez explicó que estas personas habían devastado una amplia zona dedicada al uso ganadero con maquinarias pesadas y luego establecieron viviendas precarias de hule, zinc y otros materiales no aptos para la construcción de casas.
«La intención de estas personas era intentar conformar una supuesta comunidad minera y explotar yacimientos de oro allí presentes, violando las leyes que regulan la materia», acotó.
Explicó que este asentamiento, ubicado a 38 kilómetros al oeste de la ciudad de Guasipati, había sido denunciado por pobladores y autoridades del municipio Roscio, incluyendo productores pecuarios y agrícolas que habían sido víctimas de amenaza de muerte por parte de bandas armadas que pugnan por el control de este asentamiento.
«Allí hemos detectado la acción del hampa organizada y hace dos semanas se registró un homicidio producto de un enfrentamiento entre las bandas que mantienen amenazados a los habitantes del sector», acotó.
Explicó que los efectivos militares desalojaron a las personas que se encontraban asentadas a lo largo de la ribera del río Cicapra, uno de los afluentes del río Yururai, y destruyeron equipos usados para dañar el suelo, muchos de los cuales están expresamente prohibidos por la Ley Penal del Ambiente.
«Se encontró mucha devastación ambiental pues usaban motores hidráulicos para erosionar el suelo y extraer el oro aluvional, así como también usaron químicos altamente contaminantes», señaló.
La Operación Cicapra permitió inhabilitar los equipos que se utilizaban para estas actividades: cuatro motores y 14 turbinas, informó el Comando Estratégico Operacional de la FANB en su cuenta Twitter.
Quiaro Jiménez dijo además que los 44 infantes presentes en esta comunidad ilegal vivían en condiciones inhumanas, pues las viviendas carecían de todo tipo de servicio básico.
El comandante de la 51 Brigada de Infantería de Selva recordó que desde 2008 el Estado venezolano inició el Plan Caura, dirigido a la reconversión laboral de miles de personas dedicadas ilegalmente a la explotación de oro en las cuencas de los ríos Caroní, Caura, Paragua y sus distintos afluentes.
Recalcó que el pasado 14 de febrero unidades adscritas a esta brigada desalojaron a 150 mineros ilegales que habían abierto 82 frentes de trabajo en un tramo del río Yuruari ubicado a poca distancia de la población de El Callao, en el municipio del mismo nombre.
«Aquellos que no quisieron cambiar de actividad productiva tuvieron la oportunidad de ser rehubicados en zonas debidamente autorizadas y supervisadas por el Estado, por lo que no se permitirá que ningún individuo o grupo insista en penetrar espacios vírgenes y cuencas de ríos para devastarlos en función de lucrarse con los recursos auríferos», indicó.