Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) rechazaron hoy iniciativas unilaterales del Estado colombiano que, aseguran, reducen el fin del conflicto a una mera cuestión judicial.
En un documento divulgado en esta capital, la delegación de paz de esa guerrilla plantea que con la toma de decisiones no consultadas en la Mesa de Conversaciones, como el denominado Marco Jurídico para la Paz, el Estado soslaya el derecho a la rebelión y levanta una enredadera jurídica.
Condicionar el fin exitoso del proceso de paz a un obligado encarcelamiento de la dirigencia guerrillera, además de conculcar el principio de presunción de inocencia, es un supuesto no conocido ni puesto sobre la mesa con anterioridad en ningún proceso de paz, afirman.
En el texto explican que esa organización insurgente no elude sus responsabilidades políticas, pero califican de irreal y asimétrica la intención de condicionar un acuerdo de paz al encarcelamiento a priori de los guerrilleros, mientras persiste la impunidad de la otra parte.
Argumentan que la oligarquía, la clase política y las fuerzas militares de Colombia son directamente responsables de los crímenes cometidos en ese país durante más de 50 años de conflicto social y armado.
Finalmente, las FARC-EP consideran que los diálogos de paz de La Habana deben generar un nuevo Derecho que tenga en cuenta las especificidades de la confrontación, y equilibre conceptos como paz, justicia y reparación, en aras del éxito de este esfuerzo pacificador.
Este es el mayor aporte que este proceso puede realizar no solo al pueblo colombiano sino a toda la humanidad, elevando la paz alcanzada a la categoría de Derecho Síntesis, garantizando a todas las personas la totalidad de sus derechos humanos fundamentales, señalan.
El documento divulgado hoy es el cuarto de una serie de reflexiones sobre el tema del derecho de los pueblos a la rebelión, como contribución al debate que busca, desde noviembre de 2012, una salida política a la guerra en esa nación suramericana.
Hasta el momento, las delegaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP alcanzaron consensos en materia de desarrollo agrario, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas y el narcotráfico.
Actualmente esos equipos, encabezados por el exvicepresidente Humberto de la Calle y el comandante guerrillero Iván Márquez, centran las discusiones en el asunto de los derechos de las víctimas de la confrontación.