El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, llegó este martes a Libia para reunirse con las autoridades del llamado Consejo Nacional de Transición (CNT) y discutir sobre los procedimientos que se le quiere aplicar a Saif al Islam, hijo de Muammar Al Gaddafi que fue detenido la pasada semana al sur del país.
De acuerdo con un comunicado difundido por la CPI, Ocampo desea saber cuáles son las intenciones del CNT sobre el futuro legal de al Islam y del jefe de Inteligencia, Abdalá al Senusi, también arrestado presuntamente.
«Hablaré con las autoridades nacionales y buscaré información sobre los procesos legales nacionales que proponen para así poder analizar la admisibilidad del caso (…) y entender sus planes», dice el comunicado.
El domingo, el CNT anunció que quería llevar a cabo un proceso contra los dos hombres, al margen de las acusaciones a nivel internacional.
Sin embargo, Ocampo remarcó que las autoridades libias «están obligadas a cooperar con la CPI» y que tanto Al Islam como el ex jefe de la inteligencia libia «deben rendir cuentas ante la justicia».
Tras las órdenes de arresto emitidas el pasado junio por la CPI contra Al Islam y Al Senusi, «la cuestión de dónde se celebrarán los juicios tiene que resolverse a través de consultas con la Corte y finalmente serán los jueces quienes decidan», explicó el fiscal.
La CPI tiene competencia para juzgar crímenes siempre y cuando los mismos no sean perseguidos por las autoridades judiciales nacionales.
Debido a que no existe un sistema establecido en Libia tras el asesinato del líder Muammar Al Gaddafi, el CNT debe pronunciarse sobre sus intenciones contra los dos detenidos.
El anuncio de la formación del nuevo Gobierno interino de Libio quedó postergado el domingo 48 horas más, según informó el vicepresidente y portavoz del Consejo Nacional de Transición (CNT) libio, Abdelafid Ghoga.
En conferencia de prensa Ghoga declaró que «estaba previsto que (el primer ministro interino) Abdel Rahim al Kib presentara su gobierno, pero pidió al CNT un plazo de 48 horas como máximo».