El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público solicitó y fueron acordadas órdenes de aprehensión contra las exdiputadas de la Asamblea Nacional que caducó en el año 2021 Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación.
Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal informó que además a las antemencionadas se les solicitó alerta roja internacional, medidas de incautación y aseguramiento de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas y prohibición de enajenar y gravar.
Refirió que estas solicitudes fueron acordadas por el Juzgado 2° de Control contra terrorismo, el pasado 7 de enero.
Durante las declaraciones, mencionó que las tres mujeres viven actualmente fuera del país, dos en España y una en los Estados Unidos (EEUU).
Igualmente, adelantó que se acordaron órdenes de aprehensión contra los falsos secretario y subsecretario de esta asamblea ilegítima, José Figueredo Márquez y Luis Alberto Bustos, respectivamente.
Dinero de los venezolanos
El Fiscal General recordó que en un acto público el 23 de enero de 2019, el exdiputado Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, con lo que se violó la Constitución de la República, con apoyo de gobiernos extranjeros, en especial, el de los Estados Unidos
Dijo que a partir de ese momento, un grupo autodenominado «Gobierno Interino» desarrolló una serie de actividades ilícitas, las cuales fueron apoyadas por el gobierno estadounidense y ejecutadas con la colaboración de otros gobiernos sumisos, que les permitieron apoderarse de importantes activos de la República en el extranjero, como Citgo y Monómeros.
Destacó que hace pocos días se conoció, por un vocero del Departamento de Estado, que los Estados Unidos entregó a este grupo la cifra de 2 mil 700 millones de dólares.
“No se trata de dinero donado, se trata de dinero que le pertenece al pueblo de Venezuela, de los venezolanos, que ha sido robado por este grupo de malandros”, expresó Saab.
Subrayó que raíz de esta acción y los pedidos efectuados por ese grupo, a Venezuela, desde 2014, se le aplicaron 927 medidas coercitivas unilaterales, destinadas a provocar sufrimiento a la población y lograr un cambio del gobierno legítimo por la fuerza.
Resumió que luego de ese hecho, los ingresos en dólares del país cayeron de 56 mil millones de dólares en 2013 a 743 millones en 2020, por lo que en siete años Venezuela perdió 99 de cada 100 dólares que ingresaban al país.
También indicó que desde el año 2015 la nación perdió, en promedio, 44 mil millones de dólares cada año durante los siguientes siete años.
En activos y recursos bloqueados, retenidos o confiscados fuera del país, señaló que se calcula que a la nación se le causó un daño patrimonial que puede ubicarse por encima de los 30 mil millones de dólares.
Ataque a la industria petrolera
Durante la rueda de prensa, Saab precisó que de las 927 medidas aplicadas contra Venezuela, la industria petrolera, la principal fuente de divisas del país, ha recibido 103 de estas acciones.
Recordó que en 2015, al momento de aprobarse el decreto del expresidente Barack Obama, con el que se inicia el ataque directo al país, Venezuela producía 2,4 millones de barriles diarios.
Asimismo, señaló que entre enero de 2015 y junio de 2020, producto de la agresión de EEUU contra Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), la producción cayó 87%, por lo que de un promedio 2,4 millones de barriles diarios pasó a 339 mil barriles diarios en junio de 2020.
“Investigaciones económicas estiman en 214 mil millones de dólares las pérdidas de la industria petrolera debido a la caída de la producción, a las sanciones, la guerra de precios y el sabotaje contra Pdvsa”, destacó el Fiscal General.
Repercusión en los DDHH
Además de lo referente a las pérdidas económicas, el máximo representante del Ministerio Público enfatizó que los daños producidos a la población son incuantificables.
Al respecto, mencionó la escasez de alimentos, pérdida de poder adquisitivo, falta de medicinas, problemas en los servicios públicos y migración forzada por el efecto de las medidas coercitivas, entre muchos otros.
“Como dice el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: Las medidas coercitivas unilaterales en forma de sanciones económicas tienen repercusiones de gran alcance en los derechos humanos de la población de los Estados contra los que van dirigidas y afectan de manera desproporcionada a los pobres y a las clases más vulnerables”, citó Saab.
Aseveró que a pesar de todo el dolor que ya han causado, “estos delincuentes quieren continuar con la farsa”.