El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se reunió con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a quien presentó un informe sobre las actuaciones del Ministerio Público en procura de la paz y el orden institucional en el país.
Así lo confirmó este jueves en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, luego de la reunión de trabajo sostenida en la sede de la Cancillería venezolana, en Caracas.
«Nosotros quisimos entregar resultados, cifras, balances de nuestra actuación al mando del Ministerio Público a partir de agosto de 2017 hasta la presente fecha», precisó el titular de la acción penal en el país.
En tal sentido, recordó que desde que inició su gestión al frente del órgano garante de la legalidad en el país, se han presentado 6.709 actos conclusivos, entre los cuales se acusó a 596 funcionarios de seguridad vinculados a la violación de derechos humanos.
De este total, se han obtenido 104 condenatorias, mientras que el resto de casos se mantienen en fase de investigación. A su vez, 335 efectivos se encuentran privados de libertad a la espera de la culminación de sus procesos penales.
«Esto revela un trabajo sistemático que derriba la matriz de opinión que se pretende posicionar en medios de propagandas trasnacionales, que hace ver que en nuestro país no se respetan los derechos humanos ni se judicializa su violación o que aquí no existe órgano de justicia que persiga a quienes violen derechos humanos», recalcó.
Además de estas cifras, destacó que factores violentos, opuestos al Estado, causaron en las protestas de 2017 una cifra de 77 muertes. Por estos casos de violencia política la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público inició 5.930 investigaciones, en las cuales se han presentado 1.939 acusaciones y 536 sobreseimientos. Informó que en ese contexto se registraron 720 casos relacionados con daños a la infraestructura de instituciones públicas.
Crímenes de odio
Saab destacó que el Ministerio Público también investiga los crímenes de odio, «donde ciudadanos o grupos de personas llegan a matar por razones políticas, ideológicas o color de piel». En dicho aspecto, agregó que «se han contabilizado 67 investigaciones por crímenes de odio, hemos presentado 23 acusaciones, 5 acciones fiscales y 37 causas se encuentran en fase preparatoria».
El Fiscal General consideró que «lamentablemente en Venezuela ha habido un factor que se desvió del diálogo, de la convivencia y decidió ir a la violencia. Prefirió quemar vivos a ciudadanos e instalaciones públicas, utilizar armas caseras o convencionales para encapucharse y matar. Así como condenamos que agentes del Estado utilicen de manera indebida un arma de fuego, condénanos también este tipo de violencia que ha producido luto y daño a hogares venezolanos».
Justicia y paz
La máxima autoridad del Ministerio Público entregó también detalles sobre la actuación de la Comisión por la Justicia, la Verdad, la Paz y la Tranquilidad Pública, que ha “buscado la distención política del país y ha logrado 193 beneficios a personas privadas por haber, lamentablemente, participado en hechos violentos durante las manifestaciones de 2017-2018”.
Saab afirmó que “es importante ver también esta cara de la moneda, de cómo el estado venezolano, aparte de judicializar a actores o agentes del Estado violadores de Derechos Humanos, a través de la Comisión por la Justicia, la Verdad, la Paz y la Tranquilidad Pública ha logrado liberar ciudadanos, dentro del marco de la convivencia pacífica, para darles la oportunidad a estas personas que en un momento erraron, para poder obtener una redención en ellos mismos y no volver a cometer actos como estos”. Esta información le fue entregada de forma detallada a la Alta Comisionada.
En consideración del Fiscal General, los datos presentados este jueves presentan “otra faz del sistema de justicia en nuestro país, que ha sido caricaturizado y distorsionado por los aparatos de propaganda trasnacional que solo presentan una media verdad y mucho falso positivo para dar a entender que en Venezuela no existe estado de derecho y que supuestamente no funcionan las instituciones del Estado para perseguir a violadores de Derechos Humanos”, concluyó.