Crear un consejo latinoamericano de derechos humanos, que reemplace a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la propuesta de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
El pasado lunes, durante el acto de firma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el mandatario Hugo Chávez urgió la instalación del Consejo de Estado y pidió que el primer tema a discutir sea el posible retiro de Venezuela de la instancia hemisférica.
Un consejo latinoamericano permitirá sustituir a organismos que están “apolillados y acartonados”, resaltó Ortega Díaz, durante su programa de radio En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido ayer por RNV.
La propuesta de evaluar la permanencia de Venezuela en el Sistema Interamericano debería ser acompañada por otros países latinoamericanos, estimó la fiscal, quien enfatizó que el organismo ha tenido una persecución sistemática contra la patria de Bolívar desde 1999.
EEUU NO FORMA PARTE
La jurista señaló que Estados Unidos no forma parte de la CIDH, aun cuando la sede de este organismo queda en Washington y para formular una denuncia hay que viajar a esa ciudad estadounidense. Además, la fiscal precisó otra paradoja: una ciudadana de Estados Unidos es integrante de la comisión.
Ortega Díaz se preguntó si la paz y la seguridad de las naciones pueden estar garantizadas mientras la principal potencia militar del mundo (EEUU) no puede ser juzgada. “Yo juzgo, decido y sin embargo a mí nadie me puede tocar”, ironizó. Visto así, el Sistema Interamericano no está en condiciones de garantizar la paz, señaló.
PARA APOYAR A TERRORISTAS
Para ejemplificar el desprestigio de la CIDH, la fiscal recordó que entre 1970 y 1983 esta instancia no puso su mirada en Venezuela, aun cuando se registraron innumerables violaciones de los derechos humanos. El Ministerio Público ha contabilizado más de 1.600 denuncias de crímenes de todo tipo cometidos en el periodo del Puntofijismo (1958-1998).
Pese a ello, la comisión revivió, con respecto a Venezuela, en 1983: para defender los derechos humanos y el debido proceso de los responsables del atentado contra un avión de Cubana de Aviación, en 1976. Es decir, recalcó Ortega Díaz, que la CIDH se activó para defender a quienes mataron a 73 personas, pero desconoció todo lo sucedido a partir de 1958.
Ortega Díaz explicó que en 1995 las víctimas de la masacre de El Caracazo acudieron a la comisión, y esta instancia “no hizo nada”. En 1999, con el triunfo de la Revolución Bolivariana, el organismo hemisférico recordó, repentinamente, que debía demandar al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, acotó Ortega Díaz, el Estado dirigido por Hugo Chávez no era el mismo de la Cuarta República; por ello, no fue necesario acudir a un juicio. El mismo Estado admitió que sí hubo violaciones de los derechos humanos. La Corte condenó a Venezuela, pero falló a favor únicamente del grupo de víctimas que acudieron a solicitar apoyo. El Gobierno Nacional, en cambio, decidió extender la indemnización a todas las personas que la solicitaron por estos hechos. Incluso, aclaró la funcionaria, las investigaciones continúan y hay una oficina abierta para darle seguimiento a los abusos perpetrados durante el Puntofijismo.
EL EPISODIO DE 2002
Con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 la comisión “hizo mutis” y no dijo nada sobre lo que ocurría en el país. Se pronunció el 14 de abril de ese año, cuando la acción cívico-militar logró el regreso del presidente Chávez tras 47 horas de secuestro y amenazas contra su vida.
Luego del golpe de Estado, la CIDH realizó una visita a Venezuela. Recordó la fiscal que en diciembre de 2003, cuando publicó su informe, no expuso nada sobre el secuestro del Mandatario Nacional. Estos hechos, sumados a otros, hacen más que pertinente la revisión solicitada por el Mandatario al Consejo de Estado, ratificó Ortega Díaz.
AMOROSO PROPONE QUE EL DEBATE TAMBIÉN SE HAGA EN LA CALLE
Elvis Amoroso, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, celebró que el mandatario Hugo Chávez convoque el Consejo de Estado “para una decisión tan importante como el estudio de la salida de Venezuela” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Consideró, igualmente, que el debate debe darse no solamente en las instancias gubernamentales, sino en la calle.
Es muy importante que esta decisión “tenga la legitimidad y la legalidad necesarias” y que goce “del respaldo de todo el pueblo latinoamericano”.
El parlamentario socialista respaldó la decisión de activar el Consejo de Estado. “Lamentamos mucho que existen diputados oposicionistas que tengan un desconocimiento tan grande de la Constitución”, manifestó. Amoroso puntualizó que esta figura “es perfectamente legal”.
Las diputadas y los diputados del antichavismo no conocen el sustento legal de esta figura. “El Consejo de Estado se instala de acuerdo con la voluntad soberana del Jefe del Estado”, quien toma la decisión “en el momento que sea necesario”.
Amoroso adelantó que la comisión se pondrá en contacto “con los designados para ese Consejo de Estado, a fin de nutrirnos de las investigaciones que están haciendo ellos para nosotros reforzarlas”.