Fiscal General: Reestructuración de cuerpos de seguridad del Estado es para evolucionar y funcionar mejor

“Este es el momento de una reestructuración de varios cuerpos policiales, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), porque es importante para la propia salud pública que cíclicamente se haga este tipo de políticas, que son de depuración, de reestructuración para corregir, evolucionar, ir hacia la transformación y funcionar mejor”, afirmó este domingo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, durante su participación en el programa al programa “Aquí con Ernesto”, conducido por el periodista y ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, que transmite Venezolana de Televisión los domingos.

Agregó que hay una Ley de la PNB muy moderna, en la que se habla de los principios de la propia Constitución y del Derecho Internacional, aborda por ejemplo el principio de la proporcionalidad: si el funcionario  va  a repeler una acción dónde se siente atacado, y lo están haciendo con una piedra o una botella, él no puede disparar a la cabeza de la persona que lo está agrediendo, no obstante en Venezuela el que lo haga sabe que le vienen 20 o 30 años de cárcel.

El Fiscal de la República advirtió que si los funcionarios policiales lo saben y lo hacen, lamentablemente,  no quieren a su familia, ni así mismo, ni a la República, entonces serán castigados con todo el peso de la ley.

Una reestructuración de la PNB es para corregir, evolucionar, ir hacia la transformación y funcionar mejor,grave es que te estanques como ocurre en los países que cuestionan a Venezuela, ¿qué autoridad moral tiene Chile por ejemplo, que en un poco más de un mes mató a mansalva a más de 30 personas e hirió a casi 400 quitándole la vista, de eso no se habla, “pero si de Rufo Chacón en Táchira, pero no se dice la verdad. Unos policías del estado Táchira repeliendo una manifestación lo hirieron gravemente, con perdigonazos le lesionaron la vista de manera definitiva, pero porque no se dice que el MP imputó y acusó con la máxima pena a esos funcionarios policiales. El tema de DDHH no se puede utilizar de manera mercenaria ni comercializar”.

En otra parte de su intervención refirió que Venezuela coordina y revisa casos sobre derechos humanos con la oficina de la Alta Comisionada del Consejo de los Derechos Humanos (DDHH) de las Naciones Unidas, que preside Michelle Bachelet, “estamos trabajando sobre los correctivos, revisando caso por caso”, en respuesta al informe elaborado por una comisión ad hoc de supuestos “expertos en derechos humanos”, pagada por el Grupo de Lima.

Dijo que “somos respetuosos del Derecho Internacional Público y de la institucionalidad, coordinamos con quienes de alguna manera, a nivel de los organismos internacionales, buscan coadyuvar a que haya en los países plena vigencia  de los derechos humanos”.

Saab reiteró que el informe elaborado por tres “expertos en derechos humanos (DDHH)”, financiados es una iniciativa del Grupo de Lima, “que son un grupo de países enemigos de Venezuela, direccionados por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) que se salió del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas”.

EE.UU., explicó, no respeta la institucionalidad internacional en materia de derechos humanos, pero ellos se retiraron, y además tienen sus títeres, sus marionetas en Venezuela, que hicieron este trabajo de pedirle al Consejo de DDHH que se cree una comisión ad hoc paralela la Alta Comisionada de DDHH para hacer un trabajo con altísimo sesgo político, “este tema no se puede politizar. Nosotros en más de tres años, en un lapso muy corto, hemos logrado por impulso del Ministerio Público la condena de 140 agentes del Estado, funcionarios policiales y militares, violadores de los derechos humanos condenados, con sentencia definitivamente firmes”.

El Fiscal general de la República destacó por otro lado que “demás tenemos en el Ministerio Público, como titular de la acción penal, mil personas imputadas, en proceso de ser finalmente condenadas, ¿Cuándo se había visto esto?, se preguntó.

“Hemos trabajado de manera coordinada con el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y con los tribunales del país, porque es prioridad del Estado”, acotó.

A una pregunta de por qué que tantos funcionarios del Estado están involucrados en violaciones a los derechos humanos, Saab respondió que hay una cultura en América Latina de agentes policiales atropellar, de atentar en contra incluso de esas garantizas constitucionales, en función muchas veces ni siquiera del combate al delito, sino por el hecho de tener una pistola, un uniforme, una insignia, eso ha convertido a muchos agentes del Estado en delincuentes uniformados”.

“¿Tu sabes que sería grave?, cuando el Estado no funciona, no actúa, que es lo que se hacía en la IV República, sin embargo en Venezuela, a partir de la Constitución del 1999 ha habido un cambio notable, que en su título III recoge no solo los derechos civiles, sino los políticos económicos, sociales culturales ambientales e indígenas, son seis capítulos. Voy más allá, da un principio de progresividad al tema de los derechos humanos, ya en la propia Constitución”, expresó.

Detalló que la Carta Magna de 1999 incluye que cualquier derecho humano que surja, y entre ellos por cierto está el del medio ambiente, el derecho a la defensa de la fauna que está vinculado al tema de los DDHH, ¿que tuvo que hacer el constituyente?, “meter en el prólogo, en el preámbulo y en las disposiciones finales una transversalización completa, de principio a fin, de la preeminencia de los derechos humanos, y ahí tenemos que agradecer al presidente Hugo Chávez su total entrega a la defensa de esa Constitución, y de ese título, y la continuidad que le ha dado el presidente Nicolás Maduro. Muchos de estos casos, dramáticos, que han ocurrido, yo he puesto al tanto al Jefe de Estado de ello, y su actitud ha sido ‘caiga quien caiga’”.

Saab precisó que tiene cifras contundentes de casos relativos a este tema, entre ellos citó la masacre de Barlovento, “muy lamentable, 12 desaparecidos que finalmente fueron hallados porque logramos desde la Defensoría del Pueblo contactar a un soldado que en el momento estaba en Sucre trabajando con el ministro Néstor Reverol, con el DGCIM, con los órganos competentes, y finalmente ese soldado nos dio la prueba de que un comandante, teniente coronel del Ejército, estaba vinculado a esa masacre, y logramos detener a más de 10 oficiales que están hoy imputados y acusados”.

Dos de ellos, dijo, admitieron los hechos, asumieron su responsabilidad y fueron condenados  más de 20 años de cárcel, “eso es un precedente que no se ve en esos países que tanto hablan de sobre DDHH de Venezuela, y no conocen  esa materia”.

Habló de casos más recientes, por ejemplo sobre la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), de cuántos imputados tiene el Ministerio Público (MP) de estos funcionarios que han actuado mal, “decenas, lo de la Guacamaya TV no es lo único, antes hubo un hecho en La Guaira, donde fallecieron varios  jóvenes, ya están imputados los funcionarios actuantes, igual la masacre que lamentablemente ocurrió en la cárcel de Portuguesa, donde resultaron presos siete oficiales de la Guardia y el director del Penal”.

El Fiscal de la nación recordó que en la IV República hubo una masacre en el Retén de Catia, “cien muertos o más, ni un solo preso, cuando eso era gobernador Antonio Ledezma y  el fiscal de la época, Ramón Escobar Salom no hizo nada, ni un preso, pero aquí ha habido una actitud frente al hecho lamentable que es un endemia,  parece, en América Latina, para no hablar de la brutalidad policial de Estados Unidos”.

Los organismo multilaterales, en este caso cualquiera que nombre la ONU u otra instancia internacional del mismo nivel, tienen un carácter complementario, subsidiario, no pueden jamás sustituir al Sistema de Justicia de una nación, no pueden llegar de facto a ordenar para donde van las cosas, porque disuelves el Estado de Derecho de un país.

Argumento: “Tenemos que ser técnicos y aplicar la jurisprudencia. Un organismo multilateral que tenga una oficina como la de Bachelet o  una Comisión ad hoc que se crea pagada, financiada y solicitada por el Grupo de Lima, no tiene un carácter de sustituir al MP, a los tribunales de justicia,  etc, eso ocurriría por ejemplo con  Colombia, que es un Estado fallido, donde no funcionan sus instituciones. Eso está comprobado”.

El Sistema de Justicia venezolano, aclaró, no tiene deudas. Cuando ocurre una violación de los derechos humanos se cumplen todos los pasos: se investiga, se imputa, se acusa y se condena, “casi todos los casos que mencionan en ese informe tienen a las personas responsables presas, imputadas y acusadas por la gestión nuestra, que nace a partir de la designación que nos hizo la Asamblea Nacional Constituyente”.

F/VTV