El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este jueves sobre la resolución de tres casos de homicidios ocurridos en distintas zonas del país, y destacó que durante el año se han presentado 1.291 acusaciones y se han obtenido 1.387condenas por este delito.
Durante la rueda de prensa realizada este jueves desde el auditorio del Ministerio Público, Saab detalló como parte de la lucha por la justicia y los derechos humanos, que el Ministerio Público (MP) trabaja en contra de la impunidad en delitos como el homicidio, y recordó “que los casos de homicidio en que se aplica la pena máxima, que en nuestro Código Penal va de 25 a 30 años, son aquellos en que el delito se comete con alevosía, por motivos fútiles e innobles, y el imputado no admite los hechos”.
El alto funcionario, indicó que como parte del trabajo del Ministerio Público y de los cuerpos auxiliares de justicia, este tipo de casos tiene especial atención, en la búsqueda de que no queden impunes y de que sean sancionados con la severidad que ameritan.
Asimismo, aclaró que “los casos más graves se refieren a los homicidios por encargo (conocidos como sicariato); los cometidos contra personas secuestradas; contra población vulnerable; por razones de odio; los cometidos a objeto de publicar el acto mediante redes; los homicidios por envenenamiento y los homicidios en agavillamiento conocidos como linchamientos”.
El Fiscal General también indicó que el Ministerio Público se encuentra atento a las propuestas de reforma del Código Penal para proponer la revisión de las penas de ciertos delitos graves, con la intención de que estas sean más severas si lo amerita.
En su balance, informó que este año en la Dirección de Delitos Comunes se han procesado 4.633 casos de homicidio.
Caso Portuguesa
El primer caso referido por el alto funcionario fue el homicidio de Rigoberto Colmenarez, ocurrido en Ospino, estado Portuguesa. El cuerpo de Colmenarez fue hallado el 22 de agosto en una vía pública de la ciudad señalada, con varias heridas por arma blanca.
Tras labores de investigación se estableció que el hecho fue cometido por Roberto Antonio Colmenarez Estrada, hijo de la víctima. Este lo habría asesinado debido a que mantenía una relación sentimental con su madrastra, quien días antes había terminado la relación y había decidido regresar con el padre del victimario.
Saab indicó que Colmenarez Estrada “había intentado previamente envenenar a su padre, pero este se dio cuenta de que le habían colocado algo en la comida. A pesar de este antecedente, el hombre no denunció”.
De esta forma, el día del homicidio, su hijo lo espero escondido en la maleza y le propinó varias heridas con un cuchillo, causándole la muerte de manera instantánea.
El Fiscal General declaró que Colmenarez Estrada fue capturado en Guanare por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el pasado 24 de agosto.
El 27 de agosto “fue presentado ante el Tribunal 2° de Control del estado Portuguesa, extensión Guanare, en el cual se le impuso la medida privativa de libertad, por el delito de homicidio intencional calificado, cometido con alevosía y por motivos innobles’’, sentenció el Fiscal General.
Caso Lara
El segundo caso ocurrió en un caserío cercano a la ciudad de Sanare, estado Lara, donde el pasado 13 de agosto fue descubierto el cuerpo de Reina Manzano en una habitación de su casa, por un familiar. El Fiscal General explicó que “además, ninguno de los otros integrantes de la familia se encontraba allí”.
Igualmente, Saab indicó que luego de las pesquisas pertinentes hallaron los cuerpos del esposo de la mujer, Antonio Aguilar, y sus dos hijas, María Isabel y Yenny Carolina Aguilar Manzano, de 20 y 32 años, en un barranco cercano a la casa.
La investigación determinó que la menor de las hermanas estaba embarazada; y al no encontrarse en el sitio el quinto integrante de la familia, la comunidad procedió a buscarlo, siendo capturado en la vía hacia Sanare.
“El joven José Vicente Aguilar Manzano, de 22 años de edad, una vez capturado, confesó haber cometido el crimen. Según su testimonio, asesinó al padre porque agredía permanentemente a la madre. Al ver la tristeza de la madre, decidió también asesinarla y luego procedió a asesinar a sus hermanas, cuando descubrieron lo ocurrido’’ detalló Saab.
En tal sentido, el pasado 16 de agosto, se le imputan dos cargos de Homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble a Mujica Zapata, por las muertes de su padre y madre.
De igual forma, se le agregaron dos cargos de homicidio intencional calificado cometido con alevosía por motivo innoble agravado, por la muerte de sus dos hermanas.
“Uno de ellos, además con un agravante previsto en la Ley Orgánica sobre el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debido al embarazo de la víctima’’, informó la máxima autoridad institucional.
Asimismo, se le imputó un quinto delito de detentación de arma blanca. Por las circunstancias del caso, la fiscal solicitó la práctica de una experticia psicológica al victimario.
Caso Falcón
El Fiscal General informó también sobre el caso ocurrido el pasado 21 de agosto. José Aquino y Ronald Ortiz se disponían a entrar en la Clínica Biosalud, ubicada en la ciudad de Coro.
Posterior a que Ortiz subiera a la azotea de la misma, Aquino esperaba al frente, cuando escuchó una voz de alto y un disparo, por lo que huyó del lugar.
Al día siguiente, el dueño de la clínica denunció que había ocurrido un hurto en la misma, mientras que la esposa de Ortiz denunció la desaparición de su esposo.
“Por instrucciones del fiscal del caso, el Cicpc entrevistó a Aquino, y luego se dirigió a la clínica, donde tras realizar una inspección encontraron rastros de sangre y de disparos en la azotea’’, detalló Saab.
Saab explicó que ante la evidencia encontrada por los funcionarios del Cicpc, el doctor Diego García, dueño de la clínica, confesó haber asesinado al delincuente, a quien enterró en un patio detrás de la clínica.
Por estos hechos, García fue detenido e imputado por los delitos de homicidio intencional calificado y obstrucción a la investigación. Por su parte, Aquino fue imputado por aprovechamiento de cosas provenientes del delito.
Caso de extorsión en Apure
Por otra parte el titular de la acción penal informó sobre un caso de extorsión ocurrido en el estado Apure, en el que la víctima luego de comprar varios teléfonos por 280 dólares, fue abordada por tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes le explicaron que los equipos fueron rastreados de manera satelital debido a que estaban denunciados como robados, por lo que debía acompañarlos a su comando para realizar una identificación plena.
Ante esta situación la víctima les solicitó una constancia de la denuncia para verificar la información, sin embargo, los funcionarios le indicaron que tenía que acompañarlos; luego de amenazarlo para no presentarlo le pidieron el pago de mil dólares.
El hombre entregó el dinero a los funcionarios, quienes lo liberaron y posterior a ello la víctima denunció el hecho y se inició la investigación en la que el Ministerio Público comisionó al Grupo Antiextorsión y Secuestro del estado Apure.
Luego de recabar elementos como estudio de registro telefónico y otros, el MP solicitó la orden de aprehensión en contra de los involucrados el 11 de julio, la cual se ejecutó el 25 de agosto, al detener a los funcionarios Esteban Aponte y Víctor Rojas a quienes se les imputó el delito de extorsión agravada y asociación para delinquir.
El Fiscal General destacó que “con este caso, que parece poco relevante, quiero destacar la importancia de la denuncia. La víctima hizo la denuncia y se logró la captura de dos de los responsables”.
Formación en DDHH
Saab informó también que el miércoles sostuvo una reunión con el Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante Remigio Ceballos, en la que se expuso la propuesta de cursos de formación en Derechos Humanos (DDHH) para los cuerpos policiales.
“Le hemos propuesto la realización de cursos de formación sobre la elaboración de actas policiales para todos los cuerpos de policía, ya que se trata de un instrumento clave en los procesos penales. También hemos ofertado cursos de formación en derechos humanos para los funcionarios policiales, a través de nuestra Escuela Nacional de Fiscales”, declaró el Fiscal General.
De igual forma, se establecieron coordinaciones para agilizar investigaciones de casos en materia de derechos humanos en que puedan estar incursos funcionarios policiales de los cuerpos dependientes de ese Ministerio, esto con el fin de reforzar la cooperación interinstitucional.