El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció detalles sobre la visita oficial realizada a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en la sede de este organismo en La Haya, Países Bajos, medio ocurrida el pasado 4 de noviembre en compañía del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
“Estuvimos con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a solicitud del Estado venezolano para reforzar lazos con ese organismo; en vista de que nuestro país es parte del Estatuto de Roma desde el año 2.000 cuando fue ratificado por el presidente Hugo Chávez. Es primera vez en la historia de dicha instancia que un Fiscal General es recibido por su homóloga en esta sede”, precisó la autoridad del Ministerio Público desde Caracas.
Sobre dicho punto, añadió que “siempre se ha hecho la conjetura de que algunos dirigentes políticos, que viven en un exilio dorado en Colombia o Estados Unidos, estuvieron en la sede de la CPI y fueron recibidos”, lo cual ha sido completamente falso, precisó.
El alto funcionario explicó que “durante la reunión aportamos detalles sobre los avances del sistema de justicia de Venezuela en la sanción de violaciones a los derechos humanos y señalamos el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones con investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables como se ha venido realizando”.
Saab aclaró: “La Fiscalía de la CPI está analizando dos cuestiones sobre Venezuela. La llamada ‘Venezuela I’, referida a presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos. En este caso se investigan acciones de las fuerzas de seguridad que hayan resultado en violaciones a los DD.HH., y de actores privados que causaron lesiones y muerte a funcionarios del Estado”.
De igual modo, el vocero institucional añadió que la otra cuestión analizada es identificada como “Venezuela II, relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los E.E.U.U contra Venezuela, al menos desde el año 2014”.
En relación con este punto, El Fiscal General acotó: “Se estudian las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo venezolano como consecuencia de las sanciones contra nuestro país”.
Examen preliminar
Sobre las indagaciones en torno a la situación en el país, Saab expresó que “tanto en la reunión como en su nota de prensa posterior, la Fiscal Bensouda ratificó que ambas cuestiones (Venezuela I y Venezuela II) permanecen en examen preliminar con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación o no. Es decir, todavía no se ha iniciado una investigación al respecto”.
Por tal motivo, el Fiscal General insistió en el compromiso del Estado venezolano por seguir informado los avances en la materia y extendió una invitación a la fiscal de la CPI para venir al país para constatar los hechos de primera mano.
Complementariedad de la CPI
Ante las matrices de opinión generadas en medios nacionales e internacionales sobre el rol de la CPI, el Fiscal General explicó que “no sustituye a la legislación penal de Venezuela, sino que tiene un carácter complementario (…), es decir, que actúa solo cuando la jurisdicción nacional de un país no ha querido investigar crímenes que están bajo su competencia o no han podido hacerlo por determinadas circunstancias”.
Asimismo, detalló: “Para que un caso pase a la Corte, debe superar el proceso de revisión preliminar en el que se verificará que los delitos estudiados son de competencia de la Corte, y luego debe verificarse su admisibilidad. En otras palabras, decir si existen elementos para que el caso sea admitido para iniciar una investigación”.
Respuesta oficial
En caso de que la CPI decidiese iniciar una investigación al respecto: “Desde nuestra perspectiva, podremos demostrar fehacientemente que en nuestro país los hechos de violencia y violaciones a los DDHH se han investigado y en la medida que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la ley”, analizó el Fiscal General.
A su vez, el encuentro en la sede de la CPI sirvió para “destacar la diferencia entre delitos contra los derechos humanos; que son actos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o particulares asociados a estos contra una o varias personas, teniendo el Estado la responsabilidad de prevenir estos hechos y sancionarlos (…) y crímenes de lesa humanidad, que son delitos espectacularmente atroces; como por ejemplo los que pudiesen haber ocurrido en algún país de África con las denominadas limpiezas étnicas o lo que pudiese haber ocurrido también en países invadidos por Estados Unidos, como Afganistán o Irak”, apuntó Saab.
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