La Fiscalía de Brasil rechazó este miércoles la solicitud por parte de la Policía Federal de un posible traslado del expresidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva de una celda de un edificio policial en Curitiba a otro centro de reclusión.
Da Silva se encuentra recluido desde el 7 de abril en una celda de Curitiba, luego de acatar la sentencia dictada por el juez Sérgio Moro, quien lo condenó por presunto «soborno», argumentando que aceptó un apartamento como medio de pago por parte de la constructora brasileña OAS. Por esta acusación, sin pruebas, se le condenó a 12 años y un mes de prisión.
«En este momento es difícil identificar la existencia de otro local en el estado de Paraná en el que las autoridades puedan garantizar el control sobre las condiciones de seguridad física y moral del custodiado», alegaron los 13 fiscales del Ministerio Público Federal (MPF) responsables del caso de la Operación LavaJato, investigación que destapó el caso de corrupción en Petrobras.
Los funcionarios argumentaron que el traslado no es posible, debido a que se está tratando de un expresidente de la República de Brasil, por lo que «hay que garantizar el máximo de control de las condiciones de su seguridad personal, por eso una necesidad de mayor rigor y de resguardo del custodiado, y la limitación de su contacto con otros custodiados o con terceros extraños», cita la agencia EFE.
La celda especial de 15 metros cuadrados fue improvisada en la sede de la Policía Federal en Curitiba, y la Justicia estableció que, por lo menos en los primeros días de prisión, las únicas visitas aceptadas serían las de sus abogados.
Luego de seis días de encarcelamiento, Lula Da Silva recibió por primera vez la visita de varios familiares, entre ellos la visita de sus hijos Fábio Luiz, Sandro Luiz, Lurian y uno de sus nietos, Thiago.