La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó que el Estado venezolano solicitará la extradición del expresidente Carlos Andrés Pérez, por los crimenes de lesa humanidad cometidos bajo su gobierno el 27 de febrero y primeros días de marzo de 1989. Fecha en que ocurrió un estallido social causado por la aplicación de un paquete económico, aplicado por el gobierno de CAP e impulsado por políticas neoliberales del Fondo monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que ahorcarían el presupuesto de los sectores populares y desataría la más cruenta represión jamás registrada en la historia venezolana.
Ortega Díaz, explicó, que la solicitud se realizó luego de constatar que Venezuela tiene tratado con el país donde se encuentra el ex mandatario.Dicha solicitud se hará el 1° de marzo ante el país en el que reside el expresidente, puede ser ante República Dominicana o los Estados Unidos, aclaró la Fiscal General, ya que el exmandatario se encuentra prófugo de la justicia venezolana desde 1993 cuando fue destituido de la presidencia.
“La solicitud de extradición no es como una orden de captura, que de pronto es librada por cualquier autoridad policial. Este tipo de medida tiene que ser solicitada a un Estado o país determinado, y el requisito indispensable para ello es saber dónde se encuentra la persona requerida. No podemos solicitar una extradición a Colombia cuando la persona está en República Dominicana”, aclaró Ortega Diaz.
La titular del Ministerio Público informó que además de 336 casos en investigación el su determina las responsabilidades respecto a lesionados, desapariciones, torturas y violaciones de los derechos humanos ocurridas durante esos días y que la detención de CAP sería de gran utilidad para esclarecer muchas interrogantes: “Es una de la personas presuntamente involucradas por ser Jefe de Gobierno, y habría que precisar cuáles fueron las instrucciones impartidas por el ex Presidente durante esos días” (…) » es la única persona que puede aportar datos importantes para la investigación».
La funcionaria expresó que el acto conclusivo contra las personas que ya fueron imputadas por los hechos de El Caracazo se presentará la semana entrante.
También informó que se investiga por qué la morgue y el Cementerio General del Sur permitieron sepultar cadáveres sin los protocolos legales durante la represión contra la rebelión popular provocada por la aplicación del paquete económico neoliberal.