El expresidente brasileño afirma que sufre una “persecución política”| Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula Da Silva de presunto lavado de dinero

El Ministerio Público de Sao Paulo presentó este miércoles cargos contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, por presunto lavado de dinero.

El expresidente ha sido denunciado por “ocultación de patrimonio, blanqueo de dinero” vinculado a la petrolera estatal Petrobras.

Da Silva niega que el mismo sea de su propiedad y afirma que sufre una “persecución política” por parte del Ministerio Público.

El expresidente, que dejó el cargo en 2011, niega las acusaciones de corrupción y asegura no temer a la justicia porque no le debe nada a nadie.

En 2015 una comisión parlamentaria exoneró a la presidenta brasileña Dilma Rousseff y a su predecesor de toda responsabilidad en el caso de corrupción de la petrolera.

Este martes, Da Silva presentó una apelación ante el Tribunal Supremo Federal (STF) para pedir la suspensión de las investigaciones en su contra por el caso de corrupción y lavado de dinero en la estatal Petrobras, hasta tanto se resuelva el conflicto de competencias entre dos tribunales que lo investigan.

Los abogados del exmandatario brasileño piden que se suspenda la decisión de investigar hasta que se decida si la investigación la realizará el Fiscalía Federal de Paraná, que lleva el caso de la operación Lava Jato, o la Fiscalía del Estado de Sao Paulo, que también trabaja en el proceso.

El pasado 4 de marzo, el líder socialista fue víctima de detención arbitraria y coercitiva por parte de la Policía Federal. Fue sometido a largas horas de interrogatorios por el caso de corrupción de Petrobas y no se hallaron pruebas en su contra.

Lava Jato es una conocida investigación que destapó una red de corrupción en la estatal brasileña Petrobras, así como un sinfín de problemas financieros y políticos. Fue conocida en 2014, pero expertos estiman que las actividades delictivas se desarrollaron durante 10 años. Fue conocida en 2014, pero expertos estiman que las actividades delictivas se desarrollaron durante 10 años.

Texto/telesur
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