Francia se ha visto obligada a aceptar la responsabilidad de sus ensayos nucleares en los años 90 y promete indemnizar a las víctimas de dichas pruebas.
Según informó el diario francés Le Figaro, el viernes concluyó en París, capital gala, una mesa redonda en la que se abordó unos 210 ensayos nucleares que realizó Francia entre los años 1966 y 1996 en Argelia, su antigua colonia, y su territorio de ultramar de la Polinesia Francesa.
Al final de la reunión de dos días, convocada por el presidente Emmanuel Macron, el Gobierno consideró “legítima” la reclamación de “indemnización” de las víctimas de las consecuencias de esas acciones.
“La Polinesia Francesa ha tenido una gran contribución en la creación del poder disuasorio nuclear de Francia […] es necesario asumir todas las consecuencias humanas, sociales, sanitarias, medioambientales y económicas de este proceso”, resaltó la secretaria de Estado del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia, Geneviève Darrieussecq.
Por su parte, el ministro de Sanidad de Francia, Olivier Veran, recordó que la Caja de Seguridad Social de Polinesia había gastado 670 millones de euros desde 1985 en las “mujeres polinesias de entre 40 y 50 años” de edad, las cuales sufren la “tasa más alta de cáncer de tiroides” del mundo, y otras enfermedades relacionadas con la radiación.
Le Figaro destacó que el presidente del Gobierno de la Polinesia Francesa, Edouard Fritch, había confirmado la promesa de Macron de abrir los archivos militares sobre las pruebas nucleares, algo que los historiadores e investigadores llevan solicitando desde hace mucho tiempo.
Francia, 50 años ocultando el impacto de sus ensayos nucleares
Las cifras estiman que los ensayos nucleares llevados a cabo durante tres décadas afectaron a más de 100 000 personas. Sin embargo, a pesar de una ley, promulgada en 2010, que estipula indemnizar a las víctimas de los ensayos nucleares, Francia solo ha compensado a 20 personas.
En marzo, la Universidad de Princeton, de EEUU, y el colectivo de investigación de justicia ambiental británico Interprt publicaron un libro titulado Toxic, en que demostraron que las autoridades francesas habían ocultado el verdadero impacto de las pruebas nucleares en la salud de los residentes durante 50 años.
Islas polinesas demandaron a Francia por colonialismo nuclear en el 2018
Independentistas Polinesios acusaron a Francia de crimen de lesa humanidad. Pusieron una demanda, el 2 de octubre del 2018, ante la Corte Penal Internacional en relación con las pruebas nucleares que realizó el estado francés en su territorio durante 30 años, según palabras de uno de sus líderes y ex-presidente Oscar Temaru.
“Esa demanda legal tiene como meta pedirles cuentas a todos los presidentes franceses vivos desde que empezaron las pruebas nucleares en contra de nuestro país. Se lo debemos a todas las personas que fallecieron a consecuencia del colonialismo nuclear”,
DECLARÓ EL 9 DE OCTUBRE 2018 ANTE LA ONU.
Un paraíso bajo control colonial
La Polinesia “francesa” – Porinetia Farani en tahitiano, el idioma local más hablado, o Maohi Nui (el “Gran Maohi”) como muchos la quieren rebautizar – es un grupo de 5 archipiélagos que cuentan con un total de 118 islas, 67 de ellas habitadas por un total de 275 918 personas. Su capital y localidad más grande es Papeete, en la Isla Tahití. Los archipiélagos están ubicados al Sur del Océano Pacífico, a unos 6 000 kilómetros al este de Australia. Su territorio también incluye los inmensos espacios marítimos que rodean las tierras. Oficialmente, la Polinesia tiene el estatus de colectividad de ultramar de la República francesa: en otras palabras, el territorio y el pueblo Maohi siguen viviendo bajo dominación colonial francesa hoy en día. Funciona con una cierta autonomía en relación con Francia, pero el país europeo sigue controlando competencias esenciales tales como la justicia, la defensa, la seguridad y el orden público, la moneda, los mercados financieros, la policía y seguridad del tráfico marítimo, el ejército y la educación universitaria.
De hecho, es reconocida como un “territorio no autónomo” por la ONU. Desde 1946, la organización mantiene una lista de territorios considerados no descolonizados, o “cuyas poblaciones todavía no se auto-administran por completo”. Cabe precisar que la lista sólo recopila 17 territorios alrededor del mundo y es por lo tanto muy incompleta.
Terreno de pruebas nucleares
Entre 1966 y 1996, las islas o atolones de Moruroa y Fangataufa fueron el teatro de 193 pruebas nucleares. Antes de eso, Francia ya había realizado 17 otras pruebas en el Sur de Algeria. Después de la independencia del país norte-africano, la Polinesia se volvió la alternativa. La decisión fue tomada por el entonces presidente francés Charles de Gaulle de manera unilateral, a pesar del rechazo del pueblo Maohi. “Para nosotros, las pruebas nucleares francesas son el resultado directo de la colonización. A pesar de lo que dicen los franceses, nunca aceptamos las pruebas, nos fueron impuestas bajo la amenaza directa de establecer un gobierno militar si las rechazábamos”, afirma Oscar Temaru.
Por otro lado, el entonces líder de la oposición a las pruebas y defensor de la libre-determinación Pouvana’a Oopa fue arestado y exiliado hasta Francia durante 8 años.
La imposición de las pruebas también ha sido facilitada por las promesas de desarrollo económico. La creación del Centro de Experimentación del Pacífico (CEP) provocó la construcción de infraestructuras: se modernizó el puerto de Papeete, se construyó un aeropuerto así como varias bases militares. Miles de habitantes dejaron sus vidas de pescadores y campesinos en sus islas de origen para ir a trabajar al CEP y vieron sus ingresos económicos aumentar.
Nuevas necesidades aparecieron con la sociedad de consumo, y una clase social más cómoda empezó a formarse. Sin embargo, las y los que siguen sin beneficiarse de la situación son más numerosos y los impactos nocivos de las pruebas no tardaron en manifestarse.
Graves consecuencias de las pruebas sobre el territorio
Entre 1966 y 1974, Francia realizó 46 primeras pruebas aéreas. A partir de 1974, las pruebas aéreas fueron prohibidas después de las quejas emitidas por Estados vecinos del Pacífico así como el rechazo de la población local. Sin embargo, la actividad siguió aunque de forma subterránea: entre 1974 y 1996 se registraron 147 explosiones bajo tierra.
Hoy, el atolón de Morura amenaza con colapsar, como consecuencia de las pruebas subterráneas que debilitaron drásticamente el subsuelo. De ser así, provocaría un tsunami y los desechos radioactivos acumulados en los pozos subterráneos serían liberados en el océano. Las organizaciones civiles polinesias evalúan la presencia de unos 500 kg de plutonio bajo tierra, el plutonio siendo extremadamente peligroso: la dosis letal es de alrededor de un microgramo.
Por otro lado, el polvillo radioactivo de las pruebas aéreas también contaminó gravemente el territorio: la presencia de plutonio, estroncio y cesio ha sido comprobada en varias islas habitadas.
Varias asociaciones y organizaciones civiles se han formado a lo largo de los años para investigar los impactos de las pruebas nucleares sobre la salud de las y los habitantes y apoyar a las víctimas. Hoy en día, hablan de entre 500 y 600 nuevos casos de cáncer cada año, en una población de menos de 300 000 personas. “Las consecuencias sobre las personas más vulnerables – los niños y las mujeres – son muy preocupantes ya que incluyen hasta riesgos de modificaciones genéticas que podrían afectar a las siguientes generaciones”, denuncia la red francesa “Salir del nuclear” (Sortir du nucléaire).
Sin embargo, encontrar información alrededor de las consecuencias sobre la salud de la población es una tarea muy compleja, como lo explica Roland Oldham: “Es un trabajo difícil porque el Estado, los hospitales, los funcionarios, los médicos no conservan los datos. Varios enfermeros polinesios jubilados han hablado de nacimientos de bebes con malformaciones, los llamaban “jelly babies”: su cuerpo no tiene consistencia, el bebe nace come si fuera una medusa (jellyfish en inglés). Existe también un gran porcentaje de abortos involuntarios. Pero sólo son testimonios de voluntarios, no hay más datos. Y eso es a propósito.”
En 2013, alrededor de 400 documentos militares fueron finalmente desclasificados y permitieron revelar que el Servicio de salud del Ejército, los ministros de defensa y los presidentes franceses sucesivos desde 1960 estaban perfectamente enterados de los riesgos sanitarios a los cuales se enfrentaban los trabajadores de los sitios nucleares así como la población en general.
Desde el principio de las pruebas nucleares, la salud pública polinesia estaba bajo control del Servicio de salud del Ejército, el cual hizo todo lo posible para encubrir los datos sanitarios de la Polinesia. “Los médicos militares guardaron bajo secreto durante años las informaciones en relación con las consecuencias de las pruebas nucleares. El ejército tenía un hospital militar y sus médicos ocupaban los principales puestos en el hospital civil de Mamao, entonces ninguna información filtraba sobre las enfermedades tratadas en la Polinesia francesa”, denunció el Doctor Rio en el periódico local “La Dépêche de Tahiti”, el 22 de noviembre 2011.
F/Hispantv y Avispa.org
F/AFP