Organizaciones humanitarias y políticas francesas reaccionan este miércoles con preocupación ante las elevadas cifras de expulsiones de extranjeros en situación irregular y otras medidas antiinmigrantes anunciadas por el Ministerio del Interior.
El titular de esa cartera, Claude Guéant, dijo que en 2011 el país había repatriado a 32 mil 922 personas, una cifra superior a los 28 mil previstos a principio de año.
Según el Comité Interinstitucional de Apoyo a los Evacuados (Cimade, por sus siglas en francés) se trata de un récord triste detrás del cual hay una política de sufrimientos e injusticias.
David Rohi, funcionario del Cimade, aseguró que dentro de todos esos casos hay muchas familias separadas a la fuerza, padres expulsados sin sus hijos, miles de personas encerradas y amenazadas con ser deportadas.
Este tipo de medidas debieran ser menos rigurosas tomando en cuenta que desde el punto de vista cultural y económico Francia siempre se ha enriquecido con la migración, precisa Rohi.
Mientras, la organización SOS Racismo calificó a esa cantidad de repatriaciones de “cifra de la vergüenza” y llamó al gobierno a detener esas prácticas.
Para el director de la organización Francia, tierra de asilo, Pierre Henry, la política antiinmigrante forma parte del debate electoral entre la gubernamental Unión por un Movimiento Popular y el derechista Frente Nacional.
El Partido Comunista Francés condenó en un comunicado el elevado número de deportaciones y aseguró que el ministro del Interior reduce a frías cifras las vidas de hombres y mujeres sin considerar su situación familiar, social o personal.
La agrupación política cuestionó el argumento gubernamental de que la inmigración es una de las causas del aumento de la violencia y la delincuencia en el país.
Además de incrementar la persecución contra quienes carecen de documentos, también se impusieron limitaciones a la extensión de títulos legales de residencia y se redujo el número de oficios que permiten a las empresas contratar a trabajadores extranjeros.
En una polémica circular firmada por Claude Guéant, modificada parcialmente a principios de 2012, se prohibía dar trabajo a estudiantes foráneos graduados en universidades francesas.