¿Aquel que posee mayor fuerza se coloca frente a otros en condición de imponerles su voluntad cuando le plazca, incluso en los casos en que de modo palmario se sabe que dicha voluntad es contraria a todo derecho y toda moral?
Al respecto conviene recordar una frase del Libertador que expresa “No es lo asequible lo que se debe hacer, sino aquello a que el derecho nos autoriza”, invitando a moderar los apetitos de todo orden cuando el deseo colide con la moral.
Y el enunciado vale tanto para las vidas individuales, como para la acción de los Estados en sus relaciones internacionales. Así, cuando el ciudadano presidente de Estados Unidos Barak H. Obama decreta para su país la situación de emergencia nacional “con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por…Venezuela”, sin siquiera haber formulado ninguna denuncia previa contra la Patria de Bolívar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o su Asamblea General, saltándose incluso las palaciegas instancias de la OEA -tan dóciles por décadas a los dictámenes de la Casa Blanca- genera una derogatoria del Derecho Internacional, que tanta guerra y centurias ha costado, para someter la existencia de naciones disímiles entre sí, como las 193 que integran la ONU, a una regla común por todos aceptada.
Tampoco existen, para el Decreto del presidente Obama, la Celac, la Unasur o otros organismos que cumplen con eficacia funciones de mediación; por el contrario, el mismo establece de modo unilateral y ad-hoc -como si el mundo aún se rigiese por la vieja ley de la selva, la fuerza física y el palo contra el adversario- el tipo de arbitrariedad que quiso imponer a todos Adolfo Hitler.
Si los 193 países que integran la ONU permiten que frente a la amenaza de quien se dice “amenazado” por la democracia participativa y la Revolución Bolivariana se imponga sin refutaciones la nueva “Doctrina Obama”, se retrotraería el mundo a la era previa al Congreso de Viena de 1814 y al tiempo en que se desconocía la tesis jurídica de Césare Beccaría (“De los delitos y las penas”).
La fuerza por sí misma no es derecho, pues en sociedad fuerza es un auxilio de la moral y las buenas costumbres. La arbitrariedad nunca suplirá a la moral: el mundo propugna relaciones de paz y medios civilizados para resolver conflictos. Entre desiguales rige el Derecho, no la fuerza.