Hasta el 31 de julio las funcionarias y funcionarios de alto nivel y de confianza de la administración pública deben actualizar su Declaración Jurada de Patrimonio (activos y pasivos) ante la Contraloría General de la República (CGR), de no hacerlo serán inhabilitados por 12 meses de acuerdo con la Ley Contra la Corrupción.
Así lo informó el contralor general de la República, Manuel Galindo Ballesteros, quien aseguró que la inhabilitación será para el ejercicio dentro de la administración pública, “los funcionarios de alto nivel y de confianza están obligados a realizar la Declaración Jurada de Patrimonio ante la CGR”.
Al menos 170 mil funcionarias y funcionarios de la administración pública están obligados a declarar, apuntó el contralor, quien instó a realizarla bajo el estricto apego de las leyes.
La Declaración Jurada de Patrimonio solamente se realiza vía electrónica en el portal web de la Contraloría, en este plazo de 31 días el ente dispone de asesorías a través del 0800 DECLARA (332-5272) y en las instalaciones municipal y regionales de dicho organismo.
“Quienes no tengan acceso a internet o no entiendan como hacer la declaración puede dirigirse a las oficinas de la contraloría municipales o regionales del país para recibir el respectivo asesoramiento”, dijo durante su participación en el programa informativo «El Desayuno», transmitido por Venezolana de Televisión.
DIRECTORES DE RRHH
Antonio Meneses, director general de procedimientos especiales de la Contraloría General de la República instó a los directores de Recursos Humanos (RRHH) de la administración pública para cumplan con las resoluciones del máximo ente contralor, no solo haciendo el seguimiento para que el funcionario público cumpla con esta obligación, sino también facilitarle en cada uno de los órganos y entes de la administración pública, para que éste pueda cumplir con la Declaración Jurada de Patrimonio.
En ese sentido el Contralor Galindo subrayó que los titulares de RRHH tienen una gran responsabilidad, no solo de hacer el seguimiento o verificar si el funcionario declaró o no, sino de orientarlo durante el año en qué se debe declarar, qué no se debe declarar, cómo se debe hacer.
«Estamos haciendo un llamado para que se conviertan en voceros y cooperadores. Tenemos el artículo 136 constitucional que nos obliga a cooperar entre poderes, entre órganos, entre entes, entre nosotros mismos. Los titulares de RRHH también son objeto se sanción por ese incumplimiento«, enfatizó Galinto.
ACCIONES CONTRA LOS CORRUPTOS
El contralor aseguró que en más de 18 meses se han abierto varios procedimientos contra la corrupción en el país, “hoy en día se puede garantizar la transparencia”.
“En la actualidad tenemos muchos casos de corrupción en investigación, pero nosotros debemos respetar el derecho a la defensa y los procesos, la integridad de la personas. Solamente los investigados son los que tienen acceso a su expediente, no tenemos porque estar divulgando que persona está investigado y por qué”, comentó.
Galindo acotó que a través de “las actuaciones internas se está creando conciencia. Cada vez son más las asesorías solicitadas por parte de las funcionarias y funcionarios”.