Baltasar Garzón, abogado defensor de Julián Assange, editor australiano del portal web Wikileaks, está convencido de que Estados Unidos (EEUU) comenzó un proceso judicial secreto en contra de su representado, por ello envió una carta al fiscal general de la nación, Eric Holder, a fin de solicitar información sobre este tema, pero aún no ha recibido respuesta.
Assange, quien publicó múltiples cables diplomáticos en los que se ventilaban temas comprometedores para varios países, entre ellos Estados Unidos, continúa refugiado en la sede diplomática de Ecuador en Londres, Reino Unido, donde desde el pasado 19 de junio permanece en una pequeña habitación para no perjudicar las actividades diarias de la embajada.
Al respecto, Garzón declaró a EFE que el periodista está defendiendo la libertad de información «a costa de su propia salud y seguridad».
Afirmó que, pese a los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para garantizar la seguridad del editor australiano, éste no se encuentra en óptimas condiciones, sin que esto despierte en él un sentimiento de arrepentimiento por haber ingresado al lugar.
En este momento el abogado defensor se encuentra en Quito, la capital ecuatoriana, dirigiendo a un grupo de expertos internacionales que supervisa una reforma judicial beneficiosa para Assange.
Tras haber sido aprobado su asilo en la nación andina, el periodista espera que el Reino Unido le otorgue un salvoconducto para salir de la sede diplomática, que ha sido amenazada con el ingreso de agentes del gobierno británico con la intención de extraditarlo a Suecia, donde fue acusado de supuestas agresiones sexuales.
Frente a esto, Garzón expresó que su defendido «nunca ha faltado el respeto a estas mujeres. Nunca ha tenido una posición agresiva contra las mismas, todo lo contrario, es un claro defensor de género y se ha visto inmerso en una situación totalmente desgraciada para él».
Evidentemente se trata de un caso de persecución política, pero el derecho humano de asilo se impone sobre cualquier otro interés, dijo Garzón, quien opinó que el gobierno de Londres debe reconocer ese derecho por encima del cumplimiento de la petición sueca de extradición.