El director de educación de la Gobernación de Miranda, Juan Maragall, manifestó -en una conversación telefónica con el Correo del Orinoco– que el Gobierno Nacional no ha enviado los recursos para cancelar las homologaciones de los docentes que laboran en escuelas y liceos estadales.
Maragall recordó que, en octubre de 2013 el Ministerio del Poder Popular para la Educación firmó el contrato colectivo de educadoras y educadores nacionales. Indicó que, según las leyes del Ministerio, ante cualquier aumento salarial a las trabajadoras y los trabajadores nacionales de este sector sus similares adscritos a las gobernaciones deben recibir una homologación que los equipare.
Indicó que, en cumplimiento de esta norma, en noviembre de 2013 el presidente Nicolás Maduró anunció el envío de los recursos a las entidades para hacer frente al aumento; no obstante, según el vocero, las arcas del gobierno de Miranda aún no los han recibido.
Este atraso, explicó, fue el que originó la movilización de las educadoras y de los educadores hacia la Vicepresidencia de la República a finales de 2014, el cual que culminó con la instalación de la mesa de negociaciones.
Maragall manifestó que en dicha mesa se certificó el monto de la deuda, previo cálculo realizado por expertos. Declaró que se levantó un acta en el que se daba por sentado que la cifra era de “poco mas de 600 millones de bolívares”.
En las negociaciones, declaró el vocero, participaron, representantes de la gobernación, del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, de los Ministerios de Educación y de Relaciones Interiores Justicia y Paz, de la Vicepresidencia además de delegados de Sitraenseñanza.
El vocero manifestó que la Gobernación de Miranda ha hecho la solicitud formal de los recursos al Gobierno Nacional, siendo la última de esta peticiones en enero de 2015. “Hasta la fecha la Vicepresidencia no ha respondido ni ha enviado los recursos para la homologación», dijo.
Respecto al problema de la inseguridad en las escuelas estadales, Maragall señaló que este fenómeno es un problema nacional que ataca a toda la población del país; sin embargo, reconoció que hay problemas particulares en los centro educativos de los Valles del Tuy que no pueden ser atendidos por los órganos de seguridad estadales debidos a que, presuntamente, el Gobierno no permite la intervención de la policía del estado.