Otra vez el Gobierno argentino se hace noticia en el mundo por sus acciones de represión. En la tarde del miércoles, fuerzas militares y policiales ejecutaron un violento desalojo a una comunidad mapuche que reclamaba sus legítimos territorios en la provincia de Chubut. Los represores actuaron en favor del empresario italiano Benetton, quien se ha apoderado de grandes extensiones de tierra en esa nación.
En marzo del año 2015, los mapuches habían recuperado una parte de las tierras usurpadas, pero siempre estuvieron bajo el acoso de las fuerzas de seguridad. Más de 200 gendarmes y policías actuaron en la acción represiva que comenzó a incrementarse el pasado martes.
Siete mapuches fueron detenidos, procesados judicialmente y posteriormente liberados acusados de los presuntos delitos de tentativa de abigeato, daños, lesiones y resistencia a la autoridad. Otros tres indígenas permanecen en prisión.
TESTIMONIOS
El diario porteño Página12 recogió algunos de los testimonios del pueblo mapuche. Jaquelin Marín expresó que “no es novedad para nosotros que las fuerzas manejadas por el gobierno de Chubut nos amenacen. Suelen circular patrulleros y camionetas a diario”. La joven integra la comunidad mapuche Pu Lof, en el Departamento de Cushamen, en Chubut, que hace más de dos años reclama la restitución de territorios ancestrales.
Desde entonces, cuenta Marín, “pasan y disparan tiros al aire, nos insultan a lo lejos”. Sin embargo, la represión que vivió junto a algunos de sus lamienes –hermanos y hermanas– “ha atravesado un límite”, asegura: “Hoy tenemos dos lamienes en gravísimo estado y otros tres detenidos en una unidad penal para delincuentes por defenderse de los abusos del Estado asesino”.
“Es importante el acompañamiento para resistir la estigmatización y el cerco mediático. Le dicen al pueblo que nos tiene que tener miedo, pero el miedo lo infunde el Estado a través de su aparato policial”, dijo otra integrante de la comunidad de Cushamen, Soraya Maicoñia.
“Fue una cacería”, resumió el abogado de los siete indígeneas detenidos, Edgardo Manosalva: “Los persiguieron a los tiros, los encerraron en la ruta, los terminaron cazando en el viejo hospital de El Maitén. Ahí les pegaron. Les plantaron bombas molotov en una de las camionetas. Uno de los camiones de la policía tiene impactos de calibre 22 que, creemos también, es prueba plantada”, explicó el abogado.
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS RECLAMAN
Diversos organismos de derechos humanos repudiaron la violenta represión a la comunidad mapuche de Cushamen. En un pronunciamiento conjunto, exigieron al presidente Mauricio Macri, a la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, y al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, el cese inmediato de esas acciones.
Hebe de Bonafini dijo sentir “asco y bronca”. “Si a los de acá los meten presos, imaginate la soledad del que está allá”, planteó. “Los mapuches han sido siempre muy reprimidos porque defienden lo que les corresponde: sus tierras, el lugar para sembrar y para vivir. No me extraña ver que ahora, con esta impunidad, la represión llegue a las balas de verdad. Ellos están dispuestos a matar a quien no obedezca, si nosotros los dejamos solos y nadie habla”. Para Giselle Tepper, de Hijos “en defensa de los intereses de la empresa Benetton, la Gendarmería se constituyó en una patota estatal de las corporaciones”.
Los organismos exigieron “al Presidente, a la ministra de Seguridad de la Nación y al gobernador de la Provincia el cese inmediato de estas acciones”. También advirtieron que “la única acción tolerable es aquella que se ajuste a la de un Estado de derecho, respetuoso de los derechos constitucionales del pueblo mapuche y todos los pueblos originarios”.