El gobierno de Bangladesh comenzó a estudiar este lunes la ley de crímenes de guerra bajo el compromiso de enmendarla, luego de las encendidas protestas por la condena a cadena perpetua al líder islamista Abdul Quader Molla.
Según fuentes judiciales, la nueva legislación permitirá a fiscales y defensores apelar los veredictos si consideran impropia la sentencias, a fin de corregir el absurdo de que las acusaciones solo pudieran apelarse una vez absuelto el reo.
La enmienda a la normativa, anunciada por el ministro de Leyes, Shafique Ahmed, fue presentada este lunes al Ejecutivo y posteriormente se someterá a la consideración del Parlamento.
La semana pasada, en Dacca y otras importantes ciudades bangladeshíes se produjeron intensos choques entre la policía y seguidores del Jamaat-e-Islami tras la condena a cadena perpetua de Molla, de 64 años, y cuarto en la jefatura de ese, el mayor partido islamista del país.
Un denominado Tribunal Internacional de Crímenes(aunque solo lo integraron jueces nacionales afectos al gobierno) lo encontró culpable del delito de homicidio masivo durante la guerra de liberación contra Pakistán en 1971.
Según la hoja de cargos, Mollar fue miembro de una milicia pro-pakistaní que asesinó a cientos de miles de independentistas.
Dirigentes del Jamaat-e-Islami advirtieron que resistirían «a cualquier precio» las intenciones del gobierno de condenar a otros encarcelados dirigentes del partido y las atribuyó a motivaciones políticas ante las inminentes elecciones legislativas.
El Jamaat-e-Islami y el Partido Nacional de Bangladesh (PNB) también exigen al gobierno la restauración de un órgano multipartidista encargado de velar por la limpieza de los comicios y acusan a la primera ministra Sheikh Hasina de planear subvertir los resultados con tácticas persecutorias.
En las últimas décadas Hasina y la líder del PNB, Khaleda Zia, se han alternado en el poder, salvo en algunos periodos de dictadura militar.
Sus gobiernos han sido acusados de corrupción y nepotismo, así como de cambiar a voluntad las leyes electorales.
Las anteriores elecciones legislativas bangladeshíes (2008) también estuvieron marcadas por los regateos legales y la violencia, al punto de ser decretado un estado de excepción que duraría dos años.