Continúan las investigaciones| Gobierno Bolivariano ha indemnizado 596 víctimas del Caracazo

El Gobierno Bolivariano ha indemnizado a 596 víctimas del Caracazo, ocurrido el 27 y 28 de febrero de 1989, y actualmente cursan siete acusaciones sobre esos hechos, destacó este viernes la directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berté.

Durante su participación en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión, Berté dijo que «las víctimas de esos hechos han tenido paciencia y hoy en día tienen puestas sus esperanzas en que se haga justicia, y en eso estamos trabajando para dar un cumplimiento efectivo al artículo 29 constitucional, que dice que el Estado está obligado a investigar y procurar la sanción de quienes vulneren los derechos fundamentales».

El estallido social del 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como el Caracazo, fue el despertar del pueblo venezolano contra las medidas neoliberales impuestas durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las medidas aplicadas, conocidas como El Paquetazo, provocaron la liberación de precios y tasas de interés, el aumento del precio de la gasolina y del costo de los servicios públicos, así como eliminación de subsidios y control de cambio.

Esto trajo como consecuencia la privatización de empresas públicas, escasez de alimentos y el alto costo de los mismos, aumento en el nivel de inseguridad y otros males sociales que empobrecieron aún más al pueblo.

«Las cifras de las víctimas del Caracazo no se pueden conocer en exactitud porque por órdenes de Italo del Valle Alliegro, ministro de Defensa de aquel gobierno, las investigaciones pasaron a la jurisdicción militar para encubrir los delitos, y allí ninguna de esas causas tuvieron impulso procesal», señaló Berté.

Explicó que 2001, en el gobierno del comandante Hugo Chávez, el Ministerio Público solicitó al Tribivariano ha indemnizado 596 víctimas del Caracazounal Supremo de Justicia (TSJ) un abocamiento para que esas causas fuesen investigadas por la jurisdicción civil, y ordenó que las causas fueran trasladadas al Ministerio Público.

«Nosotros a esta fecha desconocemos si todos los expedientes que fueron trasladados era realmente la cantidad exacta de las investigaciones que se habían abierto, porque al gobierno del ex presidente Carlos Andrés Pérez no le convenía que los hechos del Caracazo fueran investigados, porque la política había sido la violación sistemática a los derechos humanos», expresó.

En 2007, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, creó una Comisión Especial de Fiscales para que dedicarán a conocer e investigar los hechos ocurridos durante el Caracazo.

«En la medida en que las personas, familiares o víctimas sobrevivientes se acercaron al Ministerio Público se fueron creando equipos de fiscales especializados y, sobre todo, sensibilizados con el tema, porque para esto hay que tener sensibilidad social, porque estos casos fueron estigmatizados en su oportunidad», añadió.

Texto/AVN