Gobierno Bolivariano ratificó aval a la cooperación de la oficina de la alta comisionada de la ONU

El representante de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, manifestó que la actualización oral sobre el informe en materia de derechos humanos carece de balance, no presenta detalles ni investigación rigurosas

_____________________________________________________________________

El representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, rechazó ayer el “infructuoso” e “injerencista” mecanismo de monitoreo a la situación del país en materia de derechos humanos, por países que solo buscan intervenir militarmente la nación e imponer más sanciones contra el pueblo, con el objetivo de derrocar el Gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro Moros .

Así lo dio a conocer durante su participación en la actualización oral del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, en el marco de la 43° Sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se desarrolla en Ginebra, Suiza.

En este sentido, el embajador Jorge Valeró ratificó el aval del Estado venezolano a la resolución sobre el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, al tiempo que lamentó que “el informe de la alta comisionada para los derechos humanos, utilice información sesgada que pueda alimentar la campaña mediática contra Venezuela, carece de balance, no presenta detalles ni investigación rigurosa”, aseveró.

Valero enfatizó que la resolución 42-25 contra Venezuela, adoptada por una mayoría circunstancial el 27 de septiembre de 2019 “es una iniciativa políticamente motivada”, cuya implementación cuesta más de 2 millones y medio de dólares para elaborar un informe plagado de mentiras, constituyendo además, un irresponsable dispendio de los escasos recursos con que cuenta el Sistema Universal de Derechos Humanos.

“Si se abogara verdaderamente por los derechos humanos, los países que apoyan esta hostil iniciativa, en vez de criticar a la democracia venezolana deberían preocuparse por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se cometen en los países de la región que la propusieron como Colombia, Brasil, Perú y Canadá. Condenarían el cruento golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma”, criticó Valero.

Insistió en que debe preservarse la cooperación y el diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la oficina de la alta comisionada, por cuanto está dando resultados con un equipo presente en Venezuela, recibiendo el pleno apoyo de todos los órganos competentes del Estado.

Asimismo, precisó que con el Memorando de entendimiento, suscrito el 20 de septiembre de 2019, se ha reforzado la cooperación y asistencia técnica en materia de derechos humanos. El representante permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra reiteró la invitación para que los relatores especiales sobre el negativo impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, y sobre el derecho al desarrollo visiten el país este año.

BLOQUEO TOTAL ESTADOUNIDENSE

De igual manera, el diplomático venezolano denunció en la tribuna multilateral que el Gobierno supremacista y guerrerista de Donald Trump ha restaurado la funesta Doctrina Monroe; aplica una estrategia de bloqueo total contra Venezuela, amenaza con invadirla militarmente con instrumentar un bloque naval y también con aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

“El Gobierno estadounidense ha renovado la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Pretende, así, justificar las medidas coercitivas unilaterales que viene aplicando contra nuestro pueblo, desde 2014, y que constituyen crímenes de lesa humanidad”, recalcó ante el Consejo de DDHH de la ONU.

Recordó además, que el pasado 13 de febrero, el Estado venezolano introdujo una remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos, para que se investiguen esos crímenes de lesa humanidad, se determinen responsabilidades y se castigue a sus ejecutores.

T/ Deivis Benítez
F/ Archivo
Caracas