El Gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó mediante un comunicado el informe del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que cuestiona el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI).
El canciller Jorge Arreza, de manera individual, también manifestó su oposición a dicho documento, pero en su cuenta de Twitter donde escribió: “Venezuela rechaza el informe presentado por Almagro, en el que pretende erigirse como tribunal internacional cuestionando el trabajo de la CPI. Recordamos que la OEA no posee estas competencias y que Venezuela no es Estado miembro de esta anquilosada organización”.
En el comunicado oficial, el Gobierno venezolano cuestionó la iniciativa de Almagro y alega que este se basa en “difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en Venezuela”, sin haber visitado el país y basado en fuentes secundarias.
Igualmente, acusan al secretario de la OEA de pretender interferir en el funcionamiento de la CPI mediante la extorsión y el desconocimiento de su personalidad jurídica, sus funciones y atribuciones.
En el texto, se califica al documento de Almagro como “una evidente operación de propaganda contra las instituciones venezolanas”, y se advierte que con esta acción el secretario de la OEA se sitúa al frente de las agresiones contra la República Bolivariana “pretendiendo generar caos y violencia” a pocos días de las elecciones parlamentarias del próximo domingo.
EL COMUNICADO
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su categórico rechazo al infame informe presentado el día 2 de diciembre de 2020 por Luis Almagro, con el objetivo de cuestionar el trabajo de la Corte Penal Internacional, sobre la base de difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en Venezuela. El individuo que funge como Secretario General de la anquilosada OEA no pierde oportunidad para mostrar su desprecio por los derechos humanos y aplicar un descarado doble rasero selectivo, con fines meramente intervencionistas.
El referido informe, elaborado sin ningún tipo de constatación sobre el terreno y a partir de fuentes secundarias que no configuran evidencias de los supuestos hechos enunciados, pretende interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable, en el funcionamiento independiente de la Corte Penal Internacional, al desconocer su personalidad jurídica, sus funciones y atribuciones. Olvidan Luis Almagro y sus secuaces que los miembros de Fiscalía de la CPI no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a ese cuerpo, tal como lo establece el artículo 42 del Estatuto de Roma.
En este sentido, el documento publicado, carente de toda base jurídica con relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela, constituye una evidente operación de propaganda contra las instituciones venezolanas y sus autoridades, al tiempo que confirma ante la comunidad internacional la infeliz y recurrente práctica del desgastado Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al ejercer acciones recurrentes que violan la Carta constitutiva de la OEA, su normativa interna, los principios más elementales del derecho internacional y que además carecen del mandato unánime necesario de los Estados Miembros de esa Organización.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, recuerda que la OEA y su Secretaría, no poseen competencias jurisdiccionales para erigirse como un tribunal internacional de derechos humanos ni para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales en ninguno de sus Estados miembros. Mucho menos en Venezuela, Estado que al denunciar la Carta de la OEA en abril de 2017, y tras cumplirse los lapsos previstos, no es miembro a esa Organización, ni volverá a pertenecer jamás a ella.
A pocos días de las elecciones parlamentarias, Luis Almagro se sitúa al frente de la ofensiva contra Venezuela, pretendiendo generar caos y violencia, tal como lo hizo en Bolivia en el golpe de estado del 2019. Sin embargo, próximo domingo 6 de diciembre, el pueblo venezolano le brindará otra lección de soberanía democrática al Sicario General de la OEA, así como a cualquier actor externo que pretenda intervenir en los asuntos internos de Venezuela.