El gobierno de Bolivia firmó un convenio de reparación con las víctimas de las dictaduras militares que tuvieron lugar entre 1964 y 1982, lo que motivó la retirada de las carpas que estuvieron durante más de diez años frente al ministerio de Justicia en La Paz como forma de protesta. «Es un homenaje a todas y cada una de las mujeres y hombres valientes que cayeron resistiendo los golpes de Estado», dijo el presidente Luis Arce desde el patio principal de la Casa Grande del Pueblo.
«Han pasado muchos años de esos golpes militares que se llevaron muchas vidas. Fueron compañeros que lamentablemente ya no están con nosotros, pero van a perdurar en la memoria y hoy en homenaje a todas esas víctimas hemos querido suscribir este convenio para resolver este problema que está por más de diez años», dijo el mandatario boliviano en el acto donde el gobierno firmó el acuerdo. Arce criticó que a pesar de existir una ley de 2004 sobre el resarcimiento a las víctimas no haya avanzando nada hasta ese momento y la calificó como un «engaño».
Victoria López, representante de las víctimas presente en el acto, dijo que «existe el compromiso (del gobierno) para una política de reparación integral y está pendiente la presentación de la documentación de los compañeros». López también confirmó la decisión de retirar las carpas que por más de diez años fueron una trinchera de lucha para las víctimas y familiares.
Como parte del acuerdo, las víctimas recibirán una reparación económica y contarán con un ambiente para que puedan realizar sus reuniones. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, destacó el acuerdo al expresar: «Hoy tenemos el gusto de dar un paso muy importante en la búsqueda de reparación integral para las víctimas de las dictaduras y gobiernos de facto, periodos que dejaron dolor y graves vulneraciones de los derechos humanos».
Lima también destacó que «en 51 años no hubo en los tribunales de justicia una sola sentencia que determine lo fundamental para las víctimas: la justicia». En cambio, el ministro destacó que el gobierno de Arce «emprendió una lucha por la memoria, verdad y justicia, y este momento marca ese compromiso para todos».
Las iniciativas que anunció el gobierno de Arce son parte del compromiso asumido con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) referida a la reparación integral. El GIEI fue creado mediante un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Se cree que durante el periodo 1964-1982 las dictaduras militares dejaron 1.392 personas asesinadas, 486 desaparecidos y 2.469 exiliados, según datos elevados por el jesuita español Federico Aguiló y que son cifras de referencia para la investigación. En 2021 la Comisión de la Verdad, que investigó los hechos sucedidos durante los 18 años de dictaduras militares en Bolivia entregó 11 tomos de documentación sobre las violaciones a los derechos humanos y había pedido al gobierno que se investiguen para evitar la impunidad.