Desde diciembre 2015 el presidente de Argentina, Mauricio Macri estableció recortes a 170.000 pensiones de discapacidad endureciendo las políticas y condiciones para asignar este derecho social dando como resultado que las personas con menos del 80% de discapacidad fueran excluidas del programa.
Estos recortes a las pensiones de personas con discapacidad por incompatibilidad mediante la resolución 268/2018 publicada en un boletín oficial y notificó que las personas que tengan algún reclamo contarán con un plazo de 10 días para hacerlos antes las autoridades competentes y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El decreto elimina el beneficio de pensiones a las personas que presentan invalidez y discapacidad con un 76% o más que no posean bienes o ingresos.
Los requisitos para acceder al beneficio son: No percibir, ni el beneficiado ni el cónyuge, ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; certificar que la discapacidad para laborar representan una disminución del 76 por ciento a más; no estar empleado bajo relación de dependencia; no tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar; no tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo; ser argentino nativo, argentino naturalizado con por lo menos cinco años de residencia o extranjero con por lo menos 20 años de residencia y no estar detenido o a disposición de la justicia, reseña una nota en Telesur.
Las sociedades que defienden a este grupo de la comunidad encendieron las alarmas y le solicitaron al presidente Argentino, Mauricio Macri disminuir los «errores administrativos» o «quitas compulsivas» que perjudiquen a las personas que más necesiten las pensiones.