El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia alertó a la comunidad internacional sobre el desarrollo de un “proceso de desestabilización emprendido por algunos grupos y sectores” a fines a la derecha del país, para repetir el escenario del golpe de Estado de 2019.
A través de un comunicado, resaltó que es una campaña deliberada de desinformación, falsedades y tergiversación promovida por partidos políticos de oposición junto a los comités cívicos departamentales y plataformas afines, contra la denominada Ley 1386, derogada ayer por el presidente Luis Arce.
Este domingo dieron continuidad a las acciones desestabilizadoras, principalmente en Santa Cruz. Los comités cívicos de Santa Cruz son instancias clave en noviembre de 2019, con la promoción del ahora gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho.
A continuación el texto íntegro:
El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional que partidos políticos de oposición junto a comités cívicos departamentales y plataformas afines, promueven deliberadamente una campaña de desinformación, falsedades y tergiversación sobre el contenido de la Ley 1386, de «Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo», publicada el 16 de agosto de 2021, a fin de repetir el escenario del Golpe de Estado de 2019.
La Ley 1386 es resultado del esfuerzo del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a la cabeza del Presidente Luis Arce Catacora, para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Bolivia, responde estrictamente a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y es parte de una serie de normas para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Denunciamos a la Comunidad Internacional que éstos sectores y grupos promueven acciones violentas impulsadas por el odio y el racismo, lo que derivó en múltiples agresiones a la población. La instalación de puntos de bloqueo de caminos, vías y el amedrentamiento a los ciudadanos que intentan desarrollar sus actividades cotidianas son una flagrante violación a los derechos a la libre circulación, al acceso a la educación, al trabajo y la salud, más aun en medio de una crisis sanitaria global, llegando incluso a incitar públicamente a «tumbar el gobierno»,que fue democráticamente electo con amplio apoyo de la población boliviana.
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, exhorta a la Comunidad Internacional, Organismos Internacionales y a los defensores de los derechos humanos a rechazar todo tipo de acción violenta que atente contra la democracia, el Estado de derecho y el gobierno constitucional.