El presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó en una entrevista publicada este domingo que su país romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, tras el inicio del nuevo periodo presidencial (2019-2025) de Nicolás Maduro.
El mandatario dijo a El Tiempo que, en enero del próximo año, cuando comienza el segundo mandato de su homólogo venezolano, al que considera un «dictador», Colombia no va a «hacer la pantomima de seguir manteniendo relaciones diplomáticas» con Venezuela, país que -dijo- «está violando la Resolución 1373 de Naciones Unidas», referida a la lucha de los Estados miembros contra el terrorismo.
Además, Duque aseveró que «por ahora» existe «una relación consular y de negocios» con Venezuela.
Hasta el momento, Caracas no se ha pronunciado oficialmente por las declaraciones de Duque.
Disputa por el ELN
Según el mandatario colombiano, el Gobierno venezolano aloja a terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su territorio.
En febrero de este año, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, desmintió que miembros de las Fuerzas Armadas de ese país pertenecieran al mencionado grupo guerrillero, como lo había afirmado el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Por su parte, el secretariado del ELN negó que sus principales líderes estuvieran en Venezuela y calificó como «mito» de Washington esa información, según una nota de W Radio publicada en septiembre.
Posteriormente, ese mismo mes, en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, Duque manifestó que Caracas había auspiciado al ELN en su país, que lo había «protegido» y que «había permitido que desde su territorio se fragüen actos criminales contra el pueblo colombiano».
Así, a finales de septiembre, Colombia retiró a Venezuela como garante del proceso de diálogo que había mantenido con el grupo irregular colombiano.
El tema de atribuir a la administración de Maduro supuestos crímenes ha sido un tema constante entre algunos países de la región aunque no han sustentado sus acusaciones. En julio pasado, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá le solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara los crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014.
Las autoridades venezolanas, por su parte, determinaron en sus investigaciones y con la presentación de una serie de pruebas, que las protestas antigubernamentales ocurridas en los años 2014 y en 2017, que generaron hechos de violencia, y que causaron la muerte de más de cien personas, fueron organizadas y financiadas por la oposición.
En una entrevista publicada por OK Diario, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, expresó que Maduro tendría «legitimidad» hasta el 10 de enero, fecha en la que comienza su próximo periodo. Sin embargo, el pasado 15 de noviembre sostuvo una entrevista con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, como parte de la Reunión de Cancilleres en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana 2018 Antigua, Guatemala donde ambos abogaron por el diálogo.