La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, apoyada por la Policía Metropolitana, movilizó este miércoles una docena de camionetas oficiales al Aeropuerto José Joaquín Olmedo de Guayaquil -la ciudad más grande de Ecuador- para impedir el aterrizaje de un avión de Iberia procedente de España.
«Esto es criminal. Yo se lo advertí al vicepresidente y al Ministro de Turismo: aquí no traen a gente que viene de Europa. A Guayaquil lo defiendo una y mil veces», afirmó Viteri durante una rueda de prensa virtual, acción que ha sido fustigada por el mundo entero.
La unidad, perteneciente a la aerolínea Iberia -vuelo IBE6453 procedente de Madrid-, tenía como objetivo repatriar a los ciudadanos españoles que se encontraba en Ecuador, para resguardarlos de la pandemia desbordada por el Covid-19.
Sobre esta medida ilegal, el líder social y expresidente del Ecuador, Rafael Correa, expresó lo siguiente: «¡Pobre señora! No entiende que la única criminal es ella en su ignorancia y prepotencia, cree que “defender” a Guayaquil es evitar que aterrice un avión supuestamente “cargado” de pasajeros, para que vayan a contagiar y morirse a otro lado (sin mencionar el riesgo de accidente)».
Según la Constitución de Ecuador (art. 261), el Estado central tiene competencias exclusivas sobre los aeropuertos. En ese sentido, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica como delito la paralización de un servicio público:
“La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años (art. 346).