En Barcelona, las fuerzas políticas CUP y Esquerra Republicana le piden al presidente autonómico Puigdemont que ratifique la declaratoria de independencia
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El Gobierno español anunció ayer que el único lugar para el diálogo con Cataluña sería el Congreso de los Diputados, además descartó una mediación internacional en el conflicto. La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría señaló que se le ha hecho una «oferta sensata, moderada y entendible» al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que venga a dialogar en el Congreso de los diputados, dentro de la comisión propuesta por el PSOE para estudiar el modelo territorial y proponer una reforma constitucional.
«¿A ver, cómo explica el señor Puigdemont en el extranjero que no quiere venir al Congreso a explicar su propuesta?¿Cómo va a justificar que no quiere dialogar? Es la oferta es de una amplísima mayoría de la Cámara. El diálogo no hay que exigirlo sino practicarlo, pero cumpliendo la ley», apuntó Sáenz de Santamaría.
En Cataluña
El presidente autonómico Carles Puigdemont continúa en Barcelona su ronda de contactos para evaluar la respuesta que dará al Gobierno de Rajoy en torno al requerimiento de si declaró o no la independencia. Puigdemont tiene plazo para responder hasta el día lunes a las 10 de la mañana (hora de España).
La prensa catalana refiere que hay presiones cruzadas en torno a la decisión que deberá tomar Puigdemont. El sector moderado de su partido, el PdeCat le pide responder que no hubo tal declaración de independencia. En tanto, sus socios de gobierno de Esquerra Republicana (ERC) son partidarios de activar la declaración.
Por su parte la CUP, organización de izquierda que acompaña el proceso independentista, difundió una carta en la que solicita al Gobierno autonómico que ratifique la declaración de la República. Consideran que la independencia «es el mandato de los más de dos millones de personas que, a pesar de la ofensiva amenazadora, judicial y represiva del Estado, dijeron ‘sí’ en el referéndum del 1-O.
Por su parte, el portavoz de ERC, Sergi Sabriá, consideró que se debe «dejar claro que la independencia está declarada y firmada» e insistir en que la «voluntad» es «dar una oportunidad al diálogo», aunque «al otro lado nunca hay nadie», y que las propuestas de mediación «son serias». En este sentido, ha afirmado que «sería mejor para el Estado, para Rajoy y para Cataluña poder sentarse en una mesa» y que sea «cuanto antes» ya que «es el sitio donde vamos a acabar».
En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, manifestó que «para nosotros está clarísimamente declarada» la independencia en Cataluña, aunque «a la vez nos pedían, sobre todo, desde ámbito internacional que era bueno suspenderla y darnos un tiempo para el diálogo».
Si Puigdemont responde que ha declarado la independencia, el Gobierno de Rajoy procederá a aplicar el artículo 155 de la Constitución española, mediante el cual se intervienen las funciones de los gobiernos de las comunidades autónomas.
Presión empresarial
Además de las amenazas políticas, sobre el proceso catalán también se han concentrado amenazas económicas. Al menos 531 empresas han abandonado Cataluña con destino a otras poblaciones españolas, según el Colegio de Registradores de España con datos de los registros mercantiles catalanes. El gran éxodo de empresas se produjo el pasado día 9, con un total de 212 empresas, otras 177 inscribieron el cambio societario el día 10 y otras 135 lo hicieron el día 11. Durante el mes solo 22 empresas trasladaron su sede de otras zonas a Catalunya.