El Gobierno de facto egipcio aumentó su presión contra la Hermandad Musulmana congelando los fondos de la cúpula de la entidad y de organizaciones no gubernamentales afines.
La medida abarca a 132 dirigentes de alto nivel de la Hermandad Musulmana, ilegalizada en septiembre pasado y declarada organización terrorista esta semana.
La presión que ejerce el gobierno está basada en un decreto judicial, según el portavoz del Ministerio de Justicia Azzat Khamis, quien se abstuvo de revelar el monto de los bienes.
Los fondos de la Hermandad fueron incautados en el pasado mes de julio cuando el Ejército depuso al presidente islamista Mohamed Mursi. El gobierno dijo en su oportunidad que había encontrado grandes cantidades de dinero en efectivo en un arsenal improvisado.
Asimismo sucedió con las cuentas bancarias de la cofradía que fueron congeladas en septiembre y que pararían al Estado, según el panel formado para administrarlas.
Un tribunal administrativo fue el que dictaminó la nueva medida contra la Hermandad Musulmana, acusada de alterar el orden público y de amenazar la seguridad.
La sentencia abarca automóviles, tierras agrícolas y acciones en compañías cotizadas en la Bolsa de valores egipcia, acorde con precisiones.