Gobierno ejercerá recursos legales para evitar pago de $ 1.202 millones Venezuela manifestó su desacuerdo con sentencia del Ciadi sobre Cristallex

La trasnacional causó daños ecológicos en Amazonas

La República Bolivariana de Venezuela manifestó su desacuerdo con la decisión del tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que otorgó una compensación de 1.202 millones de dólares más intereses a la minera canadiense Crystallex International.

La empresa trasnacional demandó a la Nación ante el tribunal de arbitraje, adscrito al Banco Mundial, por la decisión del Ejecutivo de denegar un permiso ambiental, ante los daños ecológicos causados por explotar las concesiones mineras.

Crystallex aspiraba a una compensación de 4.527 millones de dólares más intereses y costos, sin embargo, la decisión del Ciadi fijó la compensación en 1.202 millones de dólares más intereses, esto sólo equivale a una tercera parte del valor de las reclamaciones que la empresa aspiraba, indicó la Procuraduría General de la República (PGR) en una nota de prensa.

Mediante el laudo, el tribunal arbitral aceptó jurisdicción sobre los reclamos y aunque desechó, en base a las excepciones presentadas por la PRG, el reclamo relacionado a una supuesta y a “todas luces falaz violación al estándar sobre Protección y Seguridad Plena, consideró de manera írrita, que la República no había otorgado trato justo y equitativo y había discriminado a Crystallex”.

ALEGATO SOBRE DAÑOS

La República, que negó el permiso en aras de salvaguardar el medio ambiente y los intereses soberanos de la Nación, consideró que el Tribunal no tiene jurisdicción sobre reclamos presentados en esta disputa, alegó el representante legal de Gobierno.

“Si la tuviera, las acciones de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y demás entidades venezolanas no generan la responsabilidad internacional demandada y, por tanto, no es procedente la reclamación por concepto de daños, máxime cuando los expertos en asuntos ambientales de la República Bolivariana de Venezuela concluyeron que había justificación técnica para la denegación del Permiso Ambiental (AARN)”, aseveró el organismo.

Además, el experto económico de la República determinó que las metodologías de valoración presentadas eran inaplicables a Crystallex, y de serlo, el análisis presentado respecto a la valoración contenía defectos fatales.

La República ejercerá los recursos legales a su disposición en aras de enervar la evidente, injusta y desproporcionada decisión del Tribunal Arbitral del Ciadi, agregó la Procuraduría en la nota de prensa.

T/Manuel López
F/Archivo CO

El Ciadi es una institución que vela por los intereses de las transnacionales del «primer mundo» por tanto la legalidad y la legitimidad de sus decisiones van en función de los intereses a los que representa y en contra de la soberanía de los Estados, y más si estos últimos son del «tercer mundo» .