El gobierno español aprobó una nueva reforma bancaria para sanear de una vez por todas los bancos del país, en contrapartida a un préstamo acordado en junio por la eurozona para ayudar a un sector financiero debilitado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
«Se ha aprobado una norma de gran importancia en el proceso de reformas (…), el real decreto ley de reestructuración de entidades de crédito», anunció la ministra portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa al término del consejo de ministros.
«Estamos poniendo las bases para que no se reproduzcan crisis como la que hemos vivido», afirmó por su parte el ministro de Economía, Luis de Guindos. Se trata de «garantizar que tenemos un sistema financiero saneado», agregó.
El anuncio fue bien recibido por la bolsa de Madrid, que cerró la sesión con una subida de 3,13%.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, celebró esta adopción que «constituye un signo importante de la determinación de España para respetar plenamente las exigencias y el calendario del memorando» sobre las condiciones de la ayuda europea al sector bancario español.
«La ley provee las bases legales para poner en obra una restructuración completa de las instituciones financieras españolas que necesitan una ayuda exterior», agregó Rehn en su comunicado.
«Una reactivación duradera de la economía española necesita un sactor bancario sano, bien regulado y supervisado de manera eficaz, capaz de sostener un crecimiento equilibrado y la creación de empleos», concluyó el comisario.
Esta reforma, la quinta del sector bancario español en tres años, destinada a mejorar la supervisión del sector, debía haber sido aprobada el pasado viernes, pero la Comisión Europea había pedido a Madrid un plazo de una semana para analizar el texto.
Entre sus grandes líneas destaca un nuevo aumento de la solvencia exigida a los bancos -el nivel de fondos propios duros pasa del 8% al 9%- y una más fácil intervención de las entidades cuya solvencia se considere insuficiente.
Incluye también la creación de un ‘banco malo’ o «sociedad de gestión de activos» a la que serán transferidos los activos inmobiliarios considerados tóxicos, inmuebles y terrenos confiscados en un mercado muy devaluado, y destinados a ser vendidos.