La portavoz del Consejo de Gobierno de España, Isabel Celáa, reiteró este viernes que el Ejecutivo “no acepta” bajo ninguna circunstancia que haya un sindicato de trabajadoras del sexo, y que está trabajando en varias vías para anular la resolución publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) que daba constitución legala la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).
“No parece difícil, la ministra de Trabajo ha informado de que la Abogacía del Estado trabaja en varias vías, aunque una de ellas parece la más rápida”, afirmó la ministra portavoz.
Fuentes del Ejecutivo explicaron que la para enmendar el error con la máxima celeridad se está barajando declarar la nulidad de pleno derecho del citado anuncio, pero no quisieron precisar más en cuál será la fórmula.
No obstante, desde asociaciones de mujeres se teme que el entuerto no sea tan fácil de arreglar y que pueda conllevar un largo camino jurídico en el que, además, el sindicato pueda empezar a actuar, ya que legalmente está constituido.
Este jueves, la la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció la incongruencia de dirigir el departamento que ha dado el visto bueno al sindicato con el feminismo que milita: «Me han colado un gol por la escuadra», aseguró tras anunciar que ya había pedido a la Abogacía del Estado que estudiara cómo anularlo.
Este viernes, la portavoz del Gobierno indicó que desconoce si Valerio ha pedido explicaciones a la directora general de Empleo que firmó la resolución o si está en sus planes destituirla. “Eso es competencia exclusivamente suya”, dijo, tras asegurar que en la reunión del Consejo de Ministros no se había hablado de este asunto. Fuentes de Trabajo han señalado que la ministra está analizando lo que ha sucedido y recabando información. De momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre la continuidad de la directora general.
Preguntada por la intención del Ejecutivo de promover la abolición de la prostitución, Celaá ha recordado que «efectivamente se trata de una actividad no regulada en España», pero ha matizado que el Gobierno no ha tratado este asunto en su reunión de este viernes, por lo que ha considerado que sería «una ligereza» pronunciarse al respecto.
Prostitución: así está la normativa en España y Europa
La prostitución es legal y está regulada -incluidos los prostíbulos- en Holanda, Alemania, Suiza, Austria, Grecia, Turquía, Nueva Zelanda, algunos estados de Australia y el estado norteamericano de Nevada, mientras que en Portugal, España e Italia, entre otros, no está regulada. En el caso de España existen normas municipales que sancionan esta actividad en la vía pública. En cuanto a la legislación nacional, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha recurrido a la abogacía del Estado para anular el sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) después de que se publicara su constitución en el BOE el pasado 4 de agosto. Este Ejecutivo «no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal», ha recalcado la ministra.
Por lo que se refiere a las normativas municipales españolas vigentes sobre la prostitución, destaca, por ejemplo, la ordenanza de Barcelona, que rige desde 2012 y sanciona con hasta los 3.000 euros la prostitución callejera, tanto a clientes como a prostitutas.
Del 23 de julio de este año es la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la primera sección sindical de España que agrupa a trabajadoras sexuales para reclamar sus derechos laborales. Hasta esa fecha se habían afiliado una decena de trabajadoras sexuales algunas de ellas procedentes de otras comunidades autónomas. Esta sección sindical está abierta a todos los trabajadores y trabajadoras sexuales desde prostitutas que ejerzan en la calle hasta actores y actrices de pornografía.
En Madrid, el grupo socialista municipal presentó el pasado mes de mayo una propuesta de ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual. Ya en 2017 la alcaldesa Manuela Carmena manifestaba que «se está multando en muchos casos» a los clientes de la prostitución en la ciudad porque así se contempla en la Ley Seguridad Ciudadana.
El Ayuntamiento de Valencia tiene desde 2013 una nueva ordenanza sobre prostitución que incide en sanciones a clientes y la prohibición de la publicidad y de la actividad. En León, no se menciona la prostitución callejera en ninguna norma local de forma específica pero la ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las Conductas Antisociales recoge multitud de infracciones relacionadas con esta actividad y en el caso de Avila está expresamente prohibida.
En Europa, la ley de prostitución más permisiva es la alemana aprobada en 2002 por la entonces coalición de gobierno entre socialdemócratas y verdes. Esta ley reconoce a las trabajadoras del sexo derechos laborales y cobertura social como prestadoras de un servicio. No obstante, en abril de 2016 el Consejo de Ministros alemán aprobó un proyecto de ley que establecía penas de prisión de tres meses a cinco años para quienes mantengan relaciones sexuales con prostitutas que no ejercen libremente esa labor, cuando el cliente sea consciente de ello.
Holanda, por su parte, levantó la prohibición de los burdeles en el año 2000 y desde entonces tolera el trabajo sexual, pero deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de exigir un permiso para trabajar en el sector. Su centro neurálgico de la prostitución es el Barrio Rojo de Amsterdam.
En países como Hungría y Letonia la prostitución es legal y está regulada, pero no los prostíbulos. Suecia se convirtió en 1999 en el primer país del mundo en castigar por ley a los clientes de la prostitución, un modelo copiado años más tarde por países como Noruega, Irlanda, Francia e Islandia. Nueva Zelanda la despenalizó totalmente en 2003 y estableció medidas más protectoras sin obligar a las profesionales del sexo a registrarse como tal.