Con la intención de esclarecer las desapariciones y los homicidios cometidos durante los gobiernos puntofijistas, el Gobierno Bolivariano lleva adelante una cruzada para darle respuestas a los familiares de las víctimas con la Comisión por la Justicia y la Verdad.
El próximo martes en un acto solemne en el Teatro Nacional, se hará la entrega de los cuerpos de Alfonso Rafael Lara, Ramón Antonio Álvarez, Juan Bautista Álvarez y Ángel Rafael Ramos, cuatro víctimas de la tortura y desapariciones forzadas por motivos políticos.
El acto estará encabezado por la presidenta de la comisión y Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz junto al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Para el Gobierno Nacional, es muy importante esclarecer todas las desapariciones que se registraron entre los años 1958 y 1998, ya que en palabras del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, “Muchos de quienes soñaron con una patria socialista durante la IV República, lo pagaron con su vida”.
El 11 de mayo, el jefe de Estado recordó que un día como ese de 1967, la policía detuvo a dos estudiantes de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV) identificados como Eduardo Navarro Laudens y Alejandro Tejero, de quienes más nunca se tuvo información.
Con la responsabilidad de esclarecer este tipo de crímenes, los Poderes Públicos han adoptado una postura de “cero impunidad”. Una de estas acciones se pueden ver reflejadas en sus actos, como el ejecutado por el Ministerio Público a finales de abril pasado, cuando solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recursos de revisión por los casos de desaparición entre los años 1965 y 1967.
Este petitorio solicitado por la fiscalía guarda relación con los casos de las desapariciones de Donato Carmona y Tulio Ramón Arévalo. El primero conocido por ser dirigente sindical y el segundo era un militante político. Al primer se lo llevaron funcionarios de la policía política de ese entonces, la cual se denominaba Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Digepol), mientras al segundo se lo llevaron efectivos del ejercito en el año 1967 y hasta la fecha sus familiares no han tenido respuesta.
Otro de los petitorios introducidos ante la máxima instancia judicial del país, es la revisión del caso de Andrés José Pasquier Suárez, desaparecido en 1968 por funcionarios del ejercito.
Según la investigación, Pasquier Suárez fue detenido en Guanare (Portuguesa) por efectivos militares y trasladado al Comando Antiguerrillero de Urica (Lara), donde fue visto con vida por última vez pero los encargados del comando nunca reconocieron que estuvo detenido pese a estar registrado en los libros de novedades y contar con el testimonio de otras personas que estuvieron cautivos con él.
TRABAJO CON EFICIENCIA
Desde el año 2013 la Comisión junto a las y los fiscales del Ministerio Público, hicieron posible la entrega de los restos identificados de 10 víctimas de violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas.
Entre ellos, Noel Rodríguez, Alberto Rudas Mezones, Santos Martiarena, Gabriel García, Juan Vallejos, Tomás Chirinos, Jesús Antonio Tabares, José Ángel Martínez, Oscar Avelardo Martínez y Roberto Tovar.
Además de estos importantes actos para los familiares, a nivel de pesquisas, los fiscales han coordinado la realización de más de 30 exhumaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la IV República y que fueron denunciados por sus familiares.
La Comisión registra desde su creación en 2011, más de 9 mil casos de violaciones a los derechos humanos, como desapariciones y torturas. A estos expedientes se les debe sumar las muertes y desapariciones denunciadas por los sucesos registrados el 27 y 28 de febrero de 1989, también conocido como El Caracazo.
DIFERENCIA DE VENEZUELA
A diferencia con lo que ocurre en otros países como Colombia y México, el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, exortó a los entes del Estado y los Poderes Públicos, a esclarecer cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos.
Una muestra del diligente actuar de las autoridades venezolanas, fue el caso ocurrido este año en el estado Bolívar, en la población de Tumeremo, donde fueron ajusticiadas 17 personas, 15 hombres y 2 mujeres.
En pocas horas las autoridades y funcionarios de la policía científica se trasladaron al lugar de los hechos para recolectar pruebas de interés criminalístico. En el lugar también hicieron acto de presencia, la Fiscal General, el Defensor del Pueblo y autoridades militares quienes colaboraron en la investigación.
A los pocos días de denunciado el hecho, fueron capturadas varias personas y las autoridades conocían la identidad del responsable de los hechos donde perecieron los 17 mineros.
En Colombia, pese a la denuncia del pueblo ante las instituciones de Derechos Humanos, poco se conoce de los resultados de las investigaciones de las fosas comunes que han sido localizadas en distintas partes del país.
En México, los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa todavía están a la espera de la respuesta de las autoridades, sobre el paradero de los normalistas.
Sin embargo, la respuesta que da el Estado venezolano en el esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos y la lucha en contra de la impunidad, no es noticia.