La próxima semana, el Gobierno Nacional iniciará en tres estados del país el proceso de recuperación de tierras que están en manos de latifundistas, afirmó este lunes el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo.
Durante su participación en el programa Dando y Dando que transmite Venezolana de Televisión, el funcionario aseguró que el proceso tendrá lugar en los estados Lara, Apure y Zulia, como parte de lay que luego, se extenderá a todo el territorio nacional.
«Vamos a acelerar la revolución agraria, que no queden latifundios en esta patria. Arranca la ofensiva antilatifundista”, afirmó.
Dijo que desde la promulgación, en el año 2002, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario hasta el 2010, se le ha regularizado la tenencia y uso de los predios a 147 mil 720 familias.
La normativa revolucionaria desarticuló mecanismos como el arrendamiento de fincas cuyos, precios por la cosecha representaban para quienes trabajaban la tierra entre 50 y 60 por ciento del valor de la producción. «Esta distorsión feudal ha sido prohibida con el cambio de la legislación», dijo.
La estructura de la propiedad agraria en Venezuela tenía mucho rezago y muchas injusticias acumuladas, ligadas a la existencia del latifundio. El gran fracaso que tuvo la reforma agraria en los años 70 fue que no se repartieron las tierras de mayor rendimiento y, además, se desatendió al campesinado en el apoyo tecnológico y financiero.
Para redondear este cuadro, Loyo explicó que paralelo a estos desequilibrios en el campo, se fue conformando un sector agroindustrial oligopólico que establecía los precios de manera prima de acuerdo a sus intereses.
Con la llegada de la Revolución se fueron construyendo leyes para desmontar esas debilidades del campo y la pesca. Las líneas de acción estuvieron dirigidas al reconocimiento de tierras para los campesinos.
AGROISLEÑA SERÁ MÁS EFICAZ
Más tarde, al ser entrevistado en el programa Contragolpe, que también transmite el canal del Estado, Loyo vaticinó un mejoramiento en la eficiencia de la empresa agrícola Agroisleña, toda vez que el Gobierno venezolano decidió su expropiación tras las reiteradas denuncias por irregularidades.
«Hay financiamiento de parte del Gobierno Bolivariano. La producción ha crecido gracias a la política del presidente Chávez. No discriminamos, pero no queremos al latifundista, al que explota, al que terceriza», precisó.