“¡Qué sigan supervisando!” es el clamor de la mayoría de venezolanos y venezolanas para que sigan los operativos del Gobierno Nacional, mediante la presencia de fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), GNB y otros organismos del Estado, en las cadenas de supermercados y comercios de comida e higiene a escala nacional.
Son varios los informes que se han procesado de ilícitos como acaparamiento, remarcaje de precios y ventas de productos en mal estado, entre otros, que son infracciones establecidas en la Ley Orgánica de Precios Justos.
Dimas Travieso, habitante de la parroquia caraqueña la Candelaria, señaló que en el supermercado Unicasa de la zona “también la ley se presentó y colocó precios justos a diversos productos. Quizás en algunos fue apenas de un diez o 15 por ciento, pero no es lo mismo que te vendan un cartón de 12 huevos a cien bolívares que a 85. Son rebajas mínimas, dirán muchos, pero el bolsillo del consumidor lo agradece porque esta inflación es desesperante. Y esos precios fueron puestos legalmente, porque ellos incurrieron en sobreprecios”.