La reforma sanitaria puesta en marcha hace cuatro años por el gobierno conservador de Mariano Rajoy dejó fuera del sistema de salud pública español a más de 800 mil inmigrantes, denunciaron asociaciones médicas y sociales.
En 2012, el actual ejecutivo en funciones del derechista Partido Popular (PP) aprobó un decreto que, entre otras medidas, incluyó la retirada de la tarjera sanitaria a todas las personas que no estuviesen regularizadas, con la excepción de embarazadas, niños y casos de urgencia.
La controvertida norma contó con el rechazo mayoritario del sector, movimientos sociales, organismos internacionales y 14 de las 17 comunidades autónomas de este país europeo, que aplicaron medidas paliativas para contrarrestar sus efectos.
Según informes de la Red de Denuncia y Resistencia (Reder) al decreto de abril de 2012, integrada por unas 300 organizaciones, desde septiembre de 2014 más de dos mil extranjeros «sin papeles» vieron vulnerado su derecho a esa prestación básica y universal.
Entre esos casos documentados por Reder se encuentran menores, embarazadas y personas que acudieron a los servicios de urgencia.
Las barreras administrativas y la falta de información son, de acuerdo con la fuente, las causas de más de la mitad de las exclusiones, seguidas por la emisión de facturas por la atención en las unidades de urgencia hospitalarias.
Esta red, incluso, detectó incumplimientos de la propia normativa: 36 niños a quienes se les denegó la tarjeta, 47 incidencias en urgencias (por negación de asistencia o por intento de cobro de ésta) y 28 mujeres que no consiguieron acceso a tratamiento o seguimiento de su gestación.
Reder subrayó que quienes sufren los efectos de la polémica regulación aplicada por el PP son, en su mayoría, inmigrantes procedentes de países latinoamericanos (49 por ciento) y comunitarios (22 por ciento), seguidos de subsaharianos (13 por ciento).
Además, advirtió que las comunidades carecen de competencia para revertir la profunda modificación del sistema sanitario que supuso la reforma de 2012.
Es decir, no tienen competencias «para devolver el derecho humano a la asistencia sanitaria arrebatado por el actual gobierno a más de 800 mil personas», sentenció.