La empresa tecnológica Google pidió este martes permiso a las autoridades estadounidenses para publicar un resumen de los datos de los usuarios proporcionados al gobierno mediante reglas amparadas en razones de seguridad nacional.
En una carta dirigida al secretario de Justicia, Eric Holder; y al director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Muller, la firma reivindica que de publicarse los datos, se demostraría que la información a la que tuvo acceso el gobierno es inferior a lo que se afirma en las denuncias planteadas por los medios de prensa.
Pedimos que ayuden a hacer posible que Google publique en nuestro Informe de Transparencia las cifras totales de solicitudes de seguridad nacional, incluyendo las revelaciones de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) en términos de la cantidad que recibimos y su alcance, manifiesta el texto, firmado por el jefe de asuntos legales, David Drummond.
La empresa de Internet asegura que son falsas las afirmaciones de que posibilitó el acceso sin restricciones a la Casa Blanca de los datos de sus usuarios. Google no tiene nada que ocultar, subrayó.
Luego de las recientes filtraciones denunciadas por el diario británico The Guardian y el estadounidense The Washington Post, varias empresas en Internet fueron culpadas de facilitar la labor de espionaje del gobierno, criterio que se acrecentó tras declaraciones del director Nacional de Inteligencia, James Clapper, quien reconoció que los proveedores de servicios han recibido peticiones de la FISA.
Edgard Snowden, un especialista en tecnología filtró a la prensa las acciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) contra ciudadanos estadounidenses y de otros países y descubrió al público la facilidad con que ellos acceden a las comunicaciones que pasan por nueve sitios de internet, entre ellos Google, Facebook y aquellos que pertenecen a Microsoft.
La base legal para estas acciones se encuentra en el artículo 702 de la ley FISA Amendment Act, de 2008, cuya validez el Senado extendió hasta 2017 por una muy amplia mayoría de votos (73 a 23) el 28 de diciembre último, según informes.
Para vigilar a un ciudadano o un residente en el país, los servicios de inteligencia deben justificar su solicitud y obtener una orden judicial individual ante una corte secreta de 11 miembros, encargada desde 1978 de autorizar estas prácticas.
El escándalo sobrepasó el límite de Estados Unidos, pues los extranjeros residentes fuera del territorio nacional no disponen de estas protecciones constitucionales.