Más de un centenar de activistas del movimiento Comunidades al Mando Proyecto Nuestra América, que agrupa a organizaciones populares de todo el país, realizaron una toma pacífica de la sede principal del Ministerio Público para exigir que sean investigadas las agresiones de funcionarios de varios cuerpos policiales
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Una comisión de derechos humanos designada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, recibió este martes a representantes de comunidades organizadas de Caracas y de varios estados del país con el fin de investigar arbitrariedades perpetradas por efectivos de seguridad y paramilitares contra productores artesanales, agricultores y emprendedores populares, quienes denuncian persecución, sicariato, represión, allanamientos ilegales y otras violaciones de los derechos humanos.
Según voceros de la protesta, la nueva instancia será instalada este miércoles y estará integrada por abogados expertos del despacho y voceros de las comunidades afectadas.
Carlos Carlés, vocero de las organizaciones, dijo: “Denunciamos lo que está pasando con nuestros campesinos, que les toman los espacios, y con nuestro líderes sociales, campesinos, culturales y comunicacionales. Somos víctimas de acoso constante por parte de factores de la derecha infiltrados dentro de los distintos cuerpos policiales y las instituciones del Estado”.
El Reverendo anglicano David Daniels, vocero del movimiento Comunidades al Mando Proyecto Nuestra América, quien participó en la reunión con los funcionarios de la Fiscalía, explicó: “Presentamos dos rogativas: una que tiene que ver con el atropello que vienen sufriendo los movimientos populares por parte de organismos de seguridad del Estado que siguen trabajando bajo el esquema de la Escuela de las Américas, sin el debido respeto a la participación del Poder Popular”.
La otra, agregó, es que se instale una mesa de trabajo para revisar los procedimientos que están siendo practicados por la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), dependiente de la Policial Nacional Bolivariana (PNB), y edl Comado Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)”.
Entre los casos denunciados, el reverendo mencionó el de Robinson David, de Propatria, asesinado por sicarios hace un mes. “El caso no había sido atendido debidamente, y ya hoy le fue asignado un número de expediente”, dijo.
Como parte del acuerdo, Daniels anunció que el 8 de junio serán recibidos en la Fiscalía los familiares del activista asesinado para conocer directamente cuál ha sido la actuación de los funcionarios en el caso.
El religioso reconoció que “el Ministerio Público atendió muy gentilmente nuestra propuesta de montar con prontitud una mesa de trabajo con el movimiento popular, para lo cual nos estaremos movilizando mañana (hoy) en la búsqueda de un método de acción para montar las mesas de trabajo. El fiscal puso a su disposición todo el aparato de la Fiscalía para resolver esos casos”, afirmó.
Según el reverendo, no están planteando eliminar la FAES. “Nosotros pedimos que sea revisado el grupo para decidir si hay que eliminarlo o cambiarlo por otro grupo que atienda verdaderamente las necesidades de las comunidades”, precisó.