Cada día son violadas 20 mujeres en Guatemala, donde de enero a octubre ocurrieron seis mil 275 delitos de este tipo a un promedio mensual de 627, refieren informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Tales cifran sugieren que el abuso sexual contra mujeres cobra rango de epidemia en este país, incluso sin contar el subregistro por aquellas que ocultan sus historias, deciden no buscar atención médica, y viven el sufrimiento del resultado de la agresión sexual, el abuso de poder y la naturalización de los hechos, considera la ginecóloga Linda Valencia.
Para la especialista, la actitud de las que deciden mantener el silencio les impide identificar la invasión de sus cuerpos como una forma de violencia.
«La violencia contra las mujeres se ha naturalizado, está rodeada de mitos, creencias y estereotipos que ponen en peligro el acceso a la atención médica y a la justicia, afirma, en un artículo publicado por el sitio digital Nómada.
Recuerda que, según el exsecretario de Naciones Unidas Kofi Annan, «la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz».
Mas, añade, cuando esta violencia sexual se produce por presuntos amigos que usan de excusa el alcohol de las fiestas para abusar de la confianza de sus amigas o compañeras en convivios (fiestas o celebraciones), es algo tan vil que puede ser igual o peor que manejar borracho y asesinar.
«La violencia sexual es un problema social, que empieza por hombres que usan el alcohol de excusa para abusar de conocidas. Es un problema de salud pública, el cual requiere atención médica de emergencia, ya que compromete seriamente la integridad física como mental de las mujeres», define la articulista.
Señala que, además del problema agudo de emergencia, este delito puede dejar secuelas a largo plazo si no se da la atención integral y oportuna.
De allí la importancia del manejo de los medicamentos antirretrovirales y antibióticos para evitar una infección de transmisión sexual incluyendo el VIH, y la anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado o una maternidad forzada producto de la violación, puntualiza la especialista.
Ello se agrava aún más en el contexto de Guatemala, donde el aborto es ilegal y está penalizado por la ley, según los artículos 133-140 del Código Penal, decreto número 17-73.