Habitantes de los municipios Carrizal y Los Salias del estado Miranda, región central del país, solicitaron ante el Ministerio Público una investigación contra grupos de derecha, autodenominados «Resistencia de Altos Mirandinos» que vienen impulsando el asedio permanente y amenazas a través de las redes sociales a militantes del chavismo.
Eduardo Serrada, habitante de Montaña Alta, en representación de sus vecinos y vecinas, destacó que desde hace dos meses, cuando comenzaron las acciones vandálicas propiciadas por grupos aupados por derecha, se inició con una campaña de odio hacia dirigentes de la revolución bolivariana mediante las redes sociales.
Sostuvo que la denuncia se introducirá ante el tribunal penal de control de la ciudad de Los Teques, «allí introduciremos una querella donde todas las personas chavistas asediadas nos sentimos expuestos a ser victimas de agresiones e incluso delitos mayores para que nombren a un fiscal que se encargue de este asedio que somos victimas».
«Tenemos mucha fe de que nuestra denuncia tenga incidencia, es una denuncia que nace por una serie de vídeos e imágenes que han colgado en la web incitando al odio, a agresiones físicas e incluso a eliminarnos a los vecinos que nos identificamos con el chavismo. Nos califican como sapos porque nuestro pensamiento es diferente al de ellos. En los mensajes llaman a silenciarnos, es por eso que hemos introducido esta querella porque se trata de un delito de acción que es del conocimiento público y notorio», explicó.
Durante las últimas semanas, grupos aupados por la derecha, desarrollaron acciones de calle que se desencadenaron en el vandalismo de 114 comercios de Los Teques, Carrizal y Los Salias. Asimismo cerraron las principales arterias viales, violentando el derecho al libre tránsito en la subregión y promovieron el asedio de la Maternidad Carrizal así como los destrozos causados a la sede y otras infraestructuras de la Alcaldía de Guaicaipuro.
La sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TJS) ordenó el pasado miércoles 24 de mayo, unas medidas de amparo cautelares contra tres alcaldes del estado Mérida y cuatro del estado Miranda en protección de los derechos constitucionales de los habitantes de las mencionadas entidades.
Ese día el magistrado Juan José Mendoza dictó siete medidas de amparo cautelar contra los alcaldes de Miranda: Gerardo Blyde (municipio Baruta); José Luis Rodríguez (Carrizal); José Fernández (Los Salias); David Smolansky (Hatillo) y Ramón Muchacho (Chacao).