Los representantes de Argentina y los fondos buitre volverán a encontrarse en Nueva York el 1 de marzo para definir la postura de esos grupos sobre la generosa propuesta de pago hecha por Buenos Aires.
Así lo decidió y anunció anoche el juez norteamericano Thomas Griesa a instancia de la administración argentina ya que el lunes 29 de febrero vence el plazo de la prohibición impuesta por ese magistrado al pago por Argentina a los tenedores de bonos que entraron en los canjes de 2005 y 2012.
Ese bloqueo fue impuesto por Griesa para obligar al ejecutivo argentino a negociar y pagar a los fondos buitre. Como vence el próximo viernes, los litigantes le solicitaron la semana pasada que la extendiera para poder seguir exigiendo. Pero el letrado optó por convocar a que las partes la discutan.
El levantamiento de esa prohibición sería el último paso para que el gobierno argentino pueda acceder nuevamente al mercado de capitales, obtener préstamos y emitir nuevas deudas.
De hecho, es lo que necesita para poder pagar a los fondos litigantes que componen menos del siete por ciento de todos los tenedores de títulos de deuda del país.
Este viernes, según los medios argentinos que difundieron anoche la información, Griesa avalaría a través de un escrito la multimillonaria oferta del gobierno de Mauricio Macri a los bonistas norteamericanos.
Según admitió el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el monto a desembolsar por Argentina para saldar lo que exigen los fondos buitre, más los otros bonistas estadounidenses que no entraron en los acuerdos de reestructuración, asciende a 20 mil millones de dólares.
Para poder hacer ese pago, Prat-Gay dijo que el gobierno emitirá nuevos bonos de deuda por 15 mil millones, lo que significará un nuevo ciclo de endeudamiento para el país según alertan economistas.
Ahora, todo acuerdo que se logre solo podrá entrar en vigor luego que el Congreso argentino derogue las legislaciones conocidas como Ley Cerrojo y Ley de Pago Soberano.
Con ellas el anterior gobierno defendía la soberanía financiera del país de la acción de los fondos buitre y abría la posibilidad de que todos los bonistas pudieran cobrar en Buenos Aires y no en Nueva York.
En el ejecutivo cayó bien la decisión de Griesa de que avalará su propuesta de pago, así como el anuncio de que dos de los cuatro principales fondos querellantes anunciaron que aceptarían un arreglo cuyos términos se desconocen aún.
No obstante, Prat-Gay se mostró cauteloso desde la ciudad china de Shanghai, donde asiste a la reunión ministerial del G-20, acerca del difundido principio de acuerdo con los grupos de capitales NML y Aurelius, dos de los más duros contra el país.
Según reportó Minuto Uno, el ministro consideró justas las ofertas que le hicieron a esos bonistas aun cuando significan ganancias usureras por mil 200 por ciento para los fondos buitre. Para Prat-Gay, el gobierno ya quiere resolver este problema.
Comentó que en foros internacionales la gente se sorprende de que la reclamación no es 100 por ciento sobre capitales, sino del 400, lo que multiplica el desembolso.
El gobierno argentino también está dispuesto a pagarles al grupo de tenedores de títulos de la Clase de Acción Brecher, que presentaron un pleito colectivo en 2006 también favorecidos por Griesa y a los denominados «me too» (yo también) a los que el juez les otorgo iguales derechos que los fondos buitres.
Igual amparo consiguieron los «bonistas bebés», un grupo de compradores de bonos argentinos que litigan a la par de los buitres.
Además, ya acordó a principio de febrero pagarles mil 350 millones de dólares a 50 mil pequeños bonistas italianos.