Hace doce años, el 19 de noviembre de 2001, como parte de una serie de maniobras emprendidas por la derecha venezolana con el propósito de derrocar el gobierno constitucional del presidente Hugo Chávez, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) convocó un paro patronal por 24 horas para el lunes 10 de diciembre de 2001.
Esta acción desestabilizadora, que contó con el apoyo de dirigencia de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), organización sindical controlada por Acción Democrática (AD) y partidos tradicionales, constituyó un ensayo de las acciones que desembocarían en el golpe de abril en 2002.
El paro llamaba a la participación de empresarios y dueños de comercios, así como a la burguesía agraria, quienes vieron en riesgo sus privilegios de clase dominante dueña de las tierras del país y la renta proveniente de las enorme riqueza petrolera.
En rueda de prensa, el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, informó que por unanimidad el ente empresarial acordó la convocatoria a un «paro cívico nacional» en protesta por la supuesta aprobación «inconsulta y atropellada” de un conjunto de 49 instrumentos legales promulgados vía Habilitante por el presidente Hugo Chávez, que representaron un impulso en la construcción de un modelo económico con mayor equidad y justicia social.
Entre estos instrumentos se encontraban la Ley Orgánica de Hidrocarburos, por medio de la cual se elevaban las regalías que debían pagar las transnacionales al Estado venezolano y se recuperaba el control de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
De este modo, se incrementaba en 30% los tributos de las transnacionales por las actividades extractoras y en 51%, como mínimo, la participación del Estado en las sociedades mixtas con empresas extrajeras.
Dentro de la habilitante, también se encontraba la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aprobada el 9 de noviembre, y que de inmediato generó rechazo entre el empresariado y sectores oligárquicos, puesto que combatía el latifundio, permitía el rescate de tierras ociosas en aras de incrementar la producción agrícola y fomentaba la inclusión de campesinos en el aparato productivo nacional.
Asimismo, se había promulgado la Ley de Pesca, que eliminaba la pesca de arrastre, en un área de seis millas marinas, desde la costa, beneficiando de esta forma a los pescadores artesanales.
EL ENGAÑO DE CARMONA
El 19 de noviembre de 2001, Pedro Carmona Estanga, acompañado del directorio en pleno y de varios ex presidentes de la cúpula empresarial, aseguró que la manifestación tendría como objetivo “plantear al país la más enérgica protesta y solicitar una rectificación al ejecutivo nacional y a los órganos del poder público, que tiene que materializarse en una revisión profunda del rumbo que pretende dársele al país”.
El representante de la burguesía insistió en que esta medida no se relacionaba con la “legitimidad o circunstancia del gobierno; no tiene intención desestabilizadora; es el deber del empresariado hacer frente a esta situación (…) No deseamos inestabilidad política”, tal y como refleja la prensa de esa fecha.
No obstante, el paro del 10 de diciembre fue la primera de una serie de acciones desestabilizadoras que desembocarían en el golpe de Estado perpetrado el 11 de abril de 2002 en contra el gobierno legítimo de Hugo Chávez, quien fue depuesto por horas, usurpado por el propio Carmona Estanga, y devuelto al poder el 13 de abril, gracias a la resistencia heroica del pueblo y el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes emprendieron una rebelión cívico-militar contra el breve dictador empresarial.