Hace un año, el mundo entero se despertó con una noticia que lo conmocionó: un golpe de Estado en Honduras, comandado por el diputado Roberto Micheletti, derrocó, como en los viejos tiempos de las dictaduras militares, el gobierno constitucional de Manuel Zelaya.
Las elecciones para elegir al nuevo presidente hondureño debían realizarse en noviembre del 2009. Pero el 28 de junio del 2009, por decisión del Congreso hondureño, debía realizarse una consulta popular para decidir la colocación de “la cuarta urna” que decidiría la pertinencia de convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución.
Ante esta iniciativa, el general Romeo Vásquez Velásquez se negó a movilizar el material electoral para esa consulta. Ante la negativa del mandato, el presidente Zelaya lo destituyó, pero la Corte Suprema de Justicia ordenó restituir en su cargo al máximo jefe militar y calificó de «traidor a la patria” al Mandatario.
La Conferencia Episcopal de Honduras, pidió al pueblo que no asistiera a esa consulta. Ya se había gestado el derrocamiento del mandatario.
En la madrugada del domingo 28 de junio, Manuel Zelaya fue asaltado en su domicilio por tropas al mando del teniente coronel René Herpburn Bueso, y llevado, en pijamas, a la base militar estadounidense de Palmerola, en Tegucigalpa, para luego ser expulsado a Costa Rica por vía aérea.
Allí lo esperaba el entonces presidente, Oscar Orias, “milagrosamente” informado de la situación. La cadena Telesur Noticias transmitió cada minuto de los hechos.
Mientras, en Honduras, el Congreso aceptó una carta falsa de renuncia de Zelaya y nombró a Roberto Micheletti en su lugar. Tropas del ejército militarizaron Tegucigalpa y declararon toque de queda, mientras miles de seguidores del derrocado presidente salieron a las calles a manifestar su inconformidad.
Los manifestantes fueron reprimidos violentamente, con un saldo de dos muertos, varios heridos y cientos de detenidos. Desde ese mismo momento, quedó instaurada la Resistencia hondureña, organizada después como el Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado, liderizada por Juan Barahona.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha verificado la existencia de por lo menos 20 muertos por la represión, más de 400 heridos y miles de detenidos arbitrariamente.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas exigió la restitución de Zelaya, pero el dictador Micheletti se negó a ello; entonces, Honduras fue excluido de entre sus miembros. Así mismo, los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), suspendido al país centroamericano de su organización
El 5 de julio, el presidente Manuel Zelaya intentó retornar a su país, pero varios camiones del ejército impidieron el aterrizaje del avión suministrado por el gobierno venezolano. Medio millón de seguidores habían ido a recibir a su mandatario en las cercanías del aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa, siendo atacados por los militares, el saldo fue un joven de 19 años asesinado, decenas de personas heridas y más de 600 detenidos.
Zelaya realizó un segundo intento de regreso el 24 de julio, desde la frontera con Nicaragua, pero fue obligado a retroceder, bajo la amenaza de disparar contra los miles de simpatizantes que lo esperaban.
El 21 de septiembre, Manuel Zelaya ingresó a la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Cien mil hondureños se volcaron a las calles aledañas y fueron reprimidos nuevamente por los militares. Hubo dos muertos otros cientos de apresados. En ese momento se decretó el Estado de Sitio indefinido.
Mientras la resistencia se movilizaba cada día, el 29 de noviembre se realizaron las elecciones en la nación centroamericana, donde hubo más del 60% de abstención. Porfirio Lobo se impuso en las elecciones fraudulentas y el 27 de enero asumió el poder heredado de Roberto Micheletti.
Desde la Casa Blanca, Obama, que inicialmente cuestionó el derrocamiento de Zelaya pero no lo definió como golpe de Estado, ni suspendió su ayuda económica, terminó reconociendo el gobierno de Lobo.
Lobo permitió que Zelaya saliera del país y decretó una amnistía “para las dos partes del conflicto”, pero que en los hechos sólo benefició a los militares golpistas, mientras se mantuvo hasta ahora, la estructura institucional de la Corte Suprema y la Fiscalía General, que apoyaron el golpe.
WASHINGTON PARTICIPÓ EN EL GOLPE DE ESTADO
En una entrevista concedida a la agencia EFE, el depuesto presidente Manuel Zelaya afirmó ayer (domingo) que, después de un año del Golpe de Estado en su contra, “se han ido aclarando las causas y los actores intelectuales, que se mantenían ocultos”.
“Mis sospechas se han confirmado. Los Estados Unidos estuvieron detrás del golpe de Estado. Al principio el Departamento de Estado negó su vinculación con el golpe. Pero luego se convirtió en su mejor defensor. Todas las acciones del gobierno golpista que encabezó Roberto Michelleti y de Porfirio Lobo van encaminadas a favorecer las transnacionales norteamericanas, especialmente las del petróleo”, afirmó el mandatario derrocado.
En ese sentido, Zelaya enfatizó sobre la paralización del proyecto de recuperación de la base militar estadounidense de Palmerola, promovido por él. “A un año del Golpe de Estado el pueblo Hondureño es testigo fiel del papel que juegan los intereses económicos de Estados Unidos en este trágico evento», apuntó.
Zelaya agradeció el papel jugado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), “que han defendido la democracia y se han enfrentado a Europa y Estados Unidos, que quieren dejar impune el golpe y el golpismo”, indicó.
Finalmente, se mostró agradecido con el pueblo dominicano y con su presidente Leonel Fernández, “por la acogida que ha tenido en la República Dominicana y por ayudar al restablecimiento de la democracia en Honduras”.