Domingo 7 de febrero, el presidente de Haití Jovenel Moïse denuncia que hay un plan golpista en su contra y que se preparaban atentados contra su vida, además se confirma la detención de más de 20 personas supuestamente implicadas en la conspiración. Moïse no presenta evidencias.
Todo ocurría en la misma fecha en la que, según la oposición, debía culminar, de acuerdo con la Constitución, el actual mandato presidencial. Han sido semanas de protestas desde finales del pasado año y lo transcurrido de 2021 en las que los manifestantes exigen la salida del Presidente y la convocatoria a nuevas elecciones.
La oposición además exige la apertura de procesos judiciales por casos de corrupción registrados durante el mandato de Moïse y el cese de la injerencia extranjera en los asuntos internos de Haití, con especial alusión al apoyo que ha brindado Estados Unidos al Gobierno en ejercicio.
Se trata del país que logró de primero la independencia del colonialismo europeo, el primero que abolió la esclavitud y que fue “condenado” por las fuerzas hegemónicas imperialistas a la exclusión, una venganza por su atrevimiento. Además es un país y un pueblo muy significativo para Venezuela y Suramérica, pues allí se brindó apoyo a la gesta del Libertador Simón Bolívar cuando más se necesitaba derrotar al Imperio Español por estas tierras.
Sumido en largas dictaduras, algunas hereditarias, sucesivos gobiernos serviles a los intereses de Estados Unidos, invasiones y ocupaciones promovidas por Washington y sus aliados, explotación irracional de sus riquezas y destrucción de su ambiente, en especial sus fuentes de agua. En resumen el país más pobre de la América Latina.
La controversia constitucional
El actual conflicto político y social que vive Haití tiene su origen en una controversia electoral. Moïse asumió la Presidencia el 7 de febrero de 2017, pero a partir de unos comicios que fueron anulados en 2015 y repetidos en 2016 tras la denuncia de fraude electoral.
Entonces para la oposición haitiana el mandato constitucional de cinco años de Moise se inició en 2016, cuando culminó el período de su antecesor Michel Martelly. Este domingo, el Consejo Superior del Poder Judicial de Haití dictaminó que la interpretación constitucional de la oposición es correcta.
El máximo tribunal señaló que estaban preocupados “por las graves amenazas resultantes de la falta de un acuerdo político ante la expiración del mandato constitucional del Presidente». Además instaron a Moisse a «aplicar para sí» el artículo 134.2 de la Constitución haitiana.
Por cierto, entre los más de 20 arrestados por el supuesto plan de conspiración se encuentra un magistrado, Ivickel Dabrésil. Es posible que se hayan producido otras detenciones de magistrados para el momento de publicación de este trabajo.
Es decir, según el poder judicial Moïse ya no sería el presidente de Haití. Por otra parte, no está clara la línea de sucesión presidencial, ya que el vicepresidente también estaría invalidado y el Parlamento de Haití se encuentra desmantelado desde el pasado año.
En ese confuso contexto, la oposición designó ayer un “gobierno de transición”, que tampoco estaría ajustado a la Constitución, que no prevé tal circunstancia. Al frente de dicho “gobierno” estaría el exmagistrado Joseph Mécène Jean-Louis, quien se considera a sí mismo como “presidente interino”.
Por su parte, en su constante injerencia, el Gobierno de Estados Unidos afirmó al finalizar la pasada semana que Washington apoya la postura de Moïse y pidió «elecciones legislativas libres y justas para que el Congreso pueda retomar el poder que le corresponde». Vuelve a sonar muy extraño que un país como Estados Unidos, cuyas recientes elecciones se encuentran severamente cuestionadas a lo interno, salga a pedir “elecciones libres” a otro. El viejo y falso cuento de la democracia como excusa imperialista para la Casa Blanca y el Pentágono.
El panorama es muy complejo y cómo siempre tendrá mucho peso la actitud del Gobierno estadounidense en el desenlace. La Constitución haitiana es relativamente joven, data de 1987 y recoge las aspiraciones de los sectores democráticos luego del fin de la sanguinaria dictadura de los Duvalier. Sin embargo, desde el primer momento Washington maniobró para que esa Constitución no tuviese un solo día de paz y cumplimiento.
Las primeras elecciones realizadas en ese mismo año, 1987, fueron saboteadas por las fuerzas militares aún lideradas por Duvalier y respaldadas por Estados Unidos. Luego derrocaron a Jean Bertrand Aristide, que se identificaba con un discurso progresista y así sucesivamente impusieron, literalmente a sangre y fuego, un sistema político débil, susceptible a los conflictos, las manipulaciones y sujeto al control de las fuerzas de seguridad. Una crisis permanente planificada en Washington.
En los pasado tres o cuatro años, las protestas antigubernamentales han sido también una constante, así como la represión. La pandemia apenas pudo atenuar las manifestaciones de descontento que se agudizaron a partir de que se iba acercando la fecha para lo que la oposición califica como el fin del mandato constitucional del actual Presidente.
Un drama sin final
En el contexto de la crisis se registran protestas en todo Haití, que son poco difundidas por los medios de comunicación internacionales. Sin embargo la represión que se registra contra los manifestantes es brutal y afecta incluso a los periodistas que intentan documentar los hechos.
Así lo refleja por ejemplo la cuenta @HaitiInfoProj en redes sociales: “La policía atacó a periodistas varias veces ayer en Haití capital mientras intentaban documentar las protestas. Al final, dispararían a 2 periodistas a quemarropa. Uno permanece en estado crítico”. También agradecen al comunicador Mesi Souffrant Guerking de PassionInfoPlus por “su coraje” durante la cobertura de los sucesos. Los incidentes reseñados ocurrieron el 8 de febrero.
El medio @HaitiInfoProj también informó que el mismo 8 de febrero, el Gobierno de Moisse jubiló por decreto a tres jueces del máximo tribunal que compartían la opinión de que su mandato constitucional había concluido. Se trata de Yvickel Dabrezil, Wendelle Coq Thelot y el juez Joseph Mécène Jean Louis.
Las Fuerzas Armadas haitianas, por su parte, ya se colocaron del lado de Washington y del cuestionado Mandatario, como es evidente en las escenas de represión contra las protestas. Señalaron en un comunicado que garantizaban “su determinación a respetar la Constitución y las autoridades legítimas, democráticamente elegidas por la población”. Se refieren a la defensa del Gobierno de Moisse.
Esta semana en un texto editorial del influyente diario Le Nouvelliste, su director, Franz Duval, expresó: “Los estadounidenses y la comunidad internacional esperarán hasta que la crisis esté más avanzada, hasta que los frutos de nuestras estupideces estén maduros, para intervenir. Los involucrados en nuestras crisis harán todo lo posible para que esto suceda tarde o temprano”.
En cuanto a la Unión Europea, la postura del bloque fue oficializada con la expresión de que «se necesita un acuerdo lo más inclusivo posible entre los distintos actores para conseguir una salida a la actual crisis» haitiana.
América Latina permanece en una situación de relativo silencio con respecto a lo que ocurre en Haití. Es evidente que el desmantelamiento de organizaciones de integración como la Unasur y el bajo perfil de la Celac evita que la región tenga una actitud propositiva y de solidaridad y cooperación, más no de injerencia, con Haití para enfrentar sus actuales desafíos. Washington ha golpeado las posibilidades de que Latinoamérica avance en la construcción de instrumentos propios para la resolución de sus problemas, a pesar de que recientemente han resurgido con más fuerza las expresiones de gobiernos latinoamericanos que convocan a la reconstrucción de los espacios de unidad e integración.
Parece mentira que las autoridades del vecino que comparte la misma isla, la República Dominicana, permanezcan también en silencio como si lo que ocurre al lado no existiera, y se limitan a reforzar militarmente la breve frontera binacional.
La confusión predomina en la actual crisis haitiana y, por supuesto, es el pueblo de esa nación el que debe decidir sobre su destino. El artículo 134-2 de la Constitución que está ahora en el centro de la controversia tuvo una modificación en 2011 y señala: «El presidente electo entra en servicio el 7 de febrero siguiente a la fecha de su elección. En el caso de que el escrutinio no pueda tener lugar antes del 7 de febrero, el presidente electo entra en servicio inmediatamente después de la validación del escrutinio y se considera que su mandato comienza el 7 de febrero del año de las elecciones».
Allí está el origen de las divergentes interpretaciones al respecto. Las elecciones presidenciales que dieron mandato a Moisse fueron realizadas fuera del lapso reglamentario, repetidas luego de denuncias de fraude. Pero más allá del hecho jurídico, subyace un conflicto político aún más severo que son los cuestionamientos que hace la población sobre la corrupción predominante en el Gobierno, la ejecución de más programas neoliberales que rompen los récords de generación de más pobreza y exclusión.
Se trata de calamidades cíclicas en la golpeada Haití, crisis que son invisibilizadas y son usadas al límite para que los grandes poderes hegemónicos las aprovechen. Y así siempre el pueblo haitiano es el gran perdedor en un país en perenne perturbación, imposibilitado de alcanzar mínimos niveles de desarrollo.